En opinión de las cámaras, la futura norma es crucial para las empresas españolas que operan en la UE, "porque dispondrán de un instrumento legal para hcer valer sus derechos en todo el territorio comunitario".

De esta forma, podrán recibir en un plazo razonable el precio fijado por sus obras, servicios y suministros y se evitarán abusos.

Estas fuentes recordaron que los países comunitarios alcanzaron recientemente un acuerdo, que debe trasponerse a una directiva, en que se establece un plazo de un mes para realizar el pago. Si este periodo no es respetado, el cobro final se verá incrementado por un interés de demora que superará en seis puntos l tipo de interés del Banco Central Europeo.

No obstante, el Consejo advierte que la futura directiva debe respetar la autonomía entre las partes para establecer plazos y condiciones diferentes, aunque siempre que este aspecto se combine con medidas que combatan la morosidad.