El portavoz, tras explicar que la CAM no tiene todavía comunicación oficial sobre la postura del fiscal y que la conoe por los medios de comunicación, señaló que la Administración regional no tiene responsabilidades políticas ni jurídicas en este asunto.

El informe del fiscal precisa que no existió trato a favor de Atocha, por parte de la CAM, y acusa a un director general y a varios funcionarios de estafa y falsedad.

Lissavetzky informó que la investigación reconoce que hubo irregularidades en algunas de las obras examinadas y salió en defensa de Ramón Valls, director general de la Oficina de Proyectos y Obrasde la CAM y uno de los acusados por la Fiscalía. "Tengo confianza en él, lleva 20 años de arquitecto y ha hecho obras importantes como la Universidad Carlos III", afirmó.