Del total de expedientes tramitados, 66 corresponden a denuncias ciudadanas, la mayoría de ellas provenientes de familias de los internos en estos centros (23) y las menos de los propios usuarios (4) y trabajadores de las residencia (4).

Los motivos de las denuncias (52 graves, 12 leves y 2 muy garves) fueron el carecer del permiso pertinente de apertura y de las necesarias condiciones higiénicas y sanitarias, entre oros,

Asimismo, durante el año pasado fueron cerrados 90 "pisitos" que funcionaban como centros de tercera edad, pero no por la actuación de la Administración regional, sino de "motu propio" por no cumplir los requisitos de la Ley Reguladora de Actuaciones Inspectoras y de Control de Centros y Servicios de Acción Social.

Estas sanciones o cierres son fruto, según Vázquez, de las 424 actuaciones inspectoras, de las que 360 fueron visitas a los centros y 64 comparecencias de los propietarios de los ismos, lo que supone que en total han inspeccioando 275 centros.

Elena Vázquez afirmó que todos los familiares de personas en residencias de tercera edad deben exigir que estos centros cumplan con todos los requisitos legales, porque los centros sin autorización, además de ser ilegales, tienen un precios similares a los otros.