La norma será aplicada a todas las industrias que superen un caudal de abastecimiento de 22.000 metros cúbicos al año, así como a un amplio abanico de actividades industriales cuyos vertidos, aun sin superar esa cantidad, serán regulados por la ley.

La ley obliga a las instalaciones industriales a realizar una solicitud de vertido que especifique los valores máximos y medios permitidos en las concentraciones de contaminantes y las características fisicoquímcas de las aguas vertidas.

En el supuesto de que los vertidos no reunan las condiciones que exige la legislación, el propietario de la industria está obligado a presentar el proyecto de una instalación de pre-tratamiento o depuradora específica.

Las infracciones a la ley están divididas en tres categorías, según la gravedad de los hechos sancionados, e suponen multas que oscilan desde el millón de pesetas a los 50 millones.