La Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid ha realizado estas valoraciones, a través de un comunicado, a raíz de la sentencia dictada recientemente por el Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional la ley de 1911 y el decreto de 1929, que obligaba a las empresas a estar afiliadas a las cámaras y a pagar las correspondientes cuotas.

Estas obligaciones se recogen tamién en la ley de cámaras de comercio de 1993, que regula la actividad de estos organismos en la actualidad. La Comunidad de Madrid explica que la Cámara de Comercio de Madrid se rige por la ley de 1993, "a la que no afecta la sentencia del Tribunal Constitucional y sigue, por tanto, vigente".

La Comunidad de Madrid no se pronuncia abiertamente sobre la obligatoriedad de la afiliación y el pago de las cuotas, pero deja claro que la Cámara es "un instrumento esencial, de servicio a la economía madrileña y expresa su satisfacción de que la ley de 1993 atribuya a la Cámara una serie de funciones de carácter público-administrativas, que, a su juicio, no podrían ser realizadas eficazmente por otras asociaciones representativas.

Para el Gobierno autonómico, la Cámara de Comercio de Madrid es un organismo "útil". La Comunidad de Madrid valora "muy positivamente" la aportación, en el pasado y en el presente, de este organismo a la economía madrileña y a las empresas, "al ser un instrumento de vertebración conómica y social y de desarrollo de funciones público-administrativas de interés general".

El Ejecutivo madrileño asegura que velará para que la Cámara siga prestando, "cada vez más eficazmente", los servicios que le son propios, "con el convencimiento de que ello redunda en el interés de la empresa madrileña y de la economía nacional".

Igualmente, la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid indica que seguirá velando también "por el mantenimiento de la seguridad jurídica y el ordenado dscurrir de al vida de la Cámara, en el marco de la ley de 1993 y de sus competencias".