Este es uno de los acuerds alcanzados hoy entre responsables de la Consejería de Integración Social y la Fiscalía de Madrid, que se reunieron para intercambiar información sobre la aplicación de la Ley de Inspección de Centros y Servicios de Acción Social.

Participaron, entre otros, Fernando Manzano, secretario general técnico de Integración Social, y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Silva.

Asimismo, la CAM y la Fiscalía realizarán, conjuntamente, un censo de personas ancianas con alguna incapacida e investigarán quiénes son sus familiares más cercanos o los centros que los acogen.

Los portavoces de ambas instituciones acordaron, también, aumentar la comunicación entre ellas y dedicar una atención preferente a los centros de servicios sociales de la región, con el fin de mejorar y hacer más fluida la información, para poder intervenir de manera inmediata cuando detecten anomalías.

Por un lado, la CAM se ha comprometido a enviar a la Fiscalía el censo de los centros de asistencia social de uya existencia tenga conocimiento: residencia de ancianos, centros para menores desprotegidos, para discapacitados o para enfermos psíquicos-.

Por su parte, la Fiscalía completará esta relación a través de la actuación de la Policía Judicial.

FALTA DE PLAZAS

Con anterioridad a este encuentro, Integración Social había remitido a la Fiscalía de Madrid, el pasado 26 de diciembre, un documento, en el que los responsables de la comunidad exponían los problemas que "nos hemos encontrado en la aplicacón de la ley".

El informe constataba que las plazas disponibles en centros de la CAM resultan hoy muy inferiores al número de demandas, lo que obliga, a su juicio, a establecer un baremo de preferencias que priman los ingresos de personas que tienen peores condiciones sociales, familiares y económicas.

Asimismo, reflejaba que es habitual la no constancia de consentimiento expreso de los beneficiarios para su ingreso en los centros y en muchos casos se suscitan serias dudas sobre la capacidad de ls mismos internos para prestarlo.

Este problema se agrava cuando las condiciones de las residencias hacen necesarias la adopción de medidas correctoras, por carecer de falta de intimidad y condiciones de habitabilidad.

La Administración regional aconseja en esos supuestos la intervención y responsabilidad de los familiares y la actuación de los órganos judiciales competentes y de la Comisión de Tutela y Defensa Jurídica de Adultos.

Otras veces, expresa el texto enviado por la consejería a lafiscalía, algunos usuarios de los centros de servicios sociales de la CAM, en condiciones aparentes de lucidez, rechazan opciones alternativas al internamiento.

"Así, por ejemplo, han llegado a rechazar de plano su ingreso en centros públicos en los que tenían concedidas plazas, optando por permanecer en situaciones de hacinamiento, inadecuada atención sanitaria, etc.", agrega el informe.

Para los técnicos de la Consejería de Integración Social, con independencia de una intervencion específica, s da un fuerte condicionamiento de los residentes por parte de los propietarios de los centros, de carácter, normalmente, lucrativos.