"De las dos vías -negocial y legal- para luchar contra la corrupción, la primera es hoy completamente imposible, ya que se ha perdido de forma irrecuperable", afirmó Calvo Ortega.

Agregó que "un acuerdo entre los partidos políticos para recuperar la vida pública es, en la actualidad, irrealizable, dado el clima de enfrentamiento y descalificación constante que existe entre el PSOE y la derecha".

"Según están las cosas", dijo Calvo Ortega, "el planteamiento negocial producría hoy escepticismo y estupor en la opinión pública" y destacó que "la vía legal es la única que tienen los poderes públicos para regenerar nuestro país".

"Es necesario", continuó, "dar una muestra clara de voluntad política de que, efectivamente, se quiere terminar con la corrupción. La impresión de la opinión pública es tan negativa que hay que ir más allá de lo que sería necesario en circunstancias normales".

El dirigente centrista se refirió concretamente a "los dos tests que hay planteados n la lucha contra la corrupción": la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y la reducción de los gastos electorales.

A su juicio, la Ley de Contratos del Estado va a poner de manifiesto "de forma clara si efectivamente hay una verdadera voluntad política de limitar los presupuestos y las situaciones que puedan dar lugar a la corrupción".

"Hay que atribuir a las mesas de contratación el poder de adjudicar los contratos, en el caso de los concursos, y el informe previo, en el caso de cotratación directa", comentó. "Es el punto clave, dado que las mesas de contratación son órganos colegiados y ofrecen una mayor garantía de objetividad, cualquiera que sean los órganos unipersonales, que hoy pueden realizar las adjudicaciones o que lo puedan realizar mañana, sea cual sea su color político".

"Vamos a ver cómo actúan los partidos en el poder (PSOE, PP, PNV y CiU) y a la vista de esta actuación concreta sabremos a qué atenernos", señaló Calvo Ortega, para agregar que "de lo que se trata e definitiva es de reducir el poder político y de aumentar el poder de las administraciones públicas, en la actualidad prácticamente inexistente ante la omnipotencia y omnipresencia del primero".

Por último, dijo que "el solo lamento ante la corrupción y la llamada judicialización se han revelado como inoperantes para frenar nuevos casos de corrupción".