Calvo Ortega dijo que los cinco nuevos magistrados del Constitucional que deben elegir el Congreso y el Senado deberían ser propuestos por el Tribunal Supremo, el Consejo General de la Abogacía y las principales facultades de Derecho.

El portavoz del área de Justicia del PP, Federico Trillo, ha consultado en las últimas semanas con las principales asociaciones de jueces, iscales y magistrados.

El Partido Popular ha comunicado ya al PSOE su lista, que está integrada por José Gabaldón (magistrado del Constitucional), Rafael Mendizábal (presidente de la Audiencia Nacional), Clemente Auger (presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid), Cándido Conde-Pumpido (ex teniente fiscal del Supremo) y Manuel Alonso Olea (catedrático de Derecho del Trabajo).

El presidente del CDS dijo que la propuesta de consultar con las instituciones de la judicatura es iniciativa e su partido y recordó que aunque el PP ha sido favorable al consenso entre los partidos para renovar el Constitucional, no siguió la misma estrategia en anteriores reelecciones de órganos jurídicos.

"Cuando se renovó el Tribunal de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial, el PP presentó su lista por su cuenta y sin consultar a nadie", afirmó Calvo Ortega.

Por otra parte, el dirigente centrista aseguró que su partido no se disolverá porque tiene una "vocación de permanencia absoluta". Aseuró que ninguno de los 53.000 militantes del partido le ha pedido la convocatoria de un congreso extraordinario en el que se estudie la disolución del CDS.

FORZAR LA NEGOCIACION

Calvo Ortega presentó en rueda de prensa las conclusiones de unas jornadas sobre medidas contra el desempleo en las que han participado expertos de economía y derecho del CDS.

Este partido presentará en los próximos días en el Congreso diversas propuestas alternativas al "decretazo" del Gobierno. Entre éstas figura el frtalecimiento de la pequeña empresa, por cuanto ésta precisa menos capitalización y tecnología que las grandes industrias y requiere menor cuantía de ayudas estatales.

También defiende aumentar las ayudas a la contratación de minusválidos y la creación de la categoría laboral de desempleados de larga duración (más de dos años inscritos en el registro de desempleo).

Los centristas abogan por el establecimiento de un programa de apoyo al trabajo independiente, coordinado por una agencia pública simlar a la que existe en otros países de nuestro entorno.

Rafael Calvo Ortega reiteró que es necesario que Gobierno y sindicatos se sienten a negociar tras la huelga general del jueves. "Hay que forzar al máximo la negociación porque no podemos continuar con un país con tan escasa competitividad económica", dijo.