Así lo desvela la Estadística de Vivienda Protegida que recoge el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana consultada por Servimedia, en el que se da cuenta del delicado momento que vive la construcción de este tipo de edificaciones tras la crisis económica del año 2008 y pese a la anunciada intención del Gobierno de apostar por ella para favorecer el acceso a la vivienda.

La calificación provisional es el acto administrativo por el que se otorgan provisionalmente los derechos y obligaciones derivados del régimen legal de protección porque el proyecto cumple con las disposiciones legales vigentes tras la solicitud del promotor.

Del total de calificaciones concedidas durante la primera mitad de año, la amplia mayoría se enmarcan en viviendas pertenecientes a los planes autonómicos, mientras que sólo 619 están incluidas en los planes estatales. Cataluña es la región con más procedimientos concedidos, con 1.315; seguida de la Comunidad de Madrid (1.017), País Vasco (914) y Navarra (446). Por el contrario, en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla no hubo ninguna calificación durante el período.

Las viviendas con algún tipo de protección pueden ser impulsadas por un promotor privado o por la administración pública. Durante los primeros seis meses de 2023, 4.022 fueron impulsadas por capital privado (un 82% del total), una caída del 6% en comparación con el mismo período del 2022. En cambio, las 896 calificaciones de viviendas que serán construidas por un ente público retrocedieron un 4% y cayeron a mínimos desde el año 2020.

Por otro lado, el 60,2% de las calificaciones (2.959) que se concedieron durante la primera mitad de año fue para futuras viviendas destinadas al mercado de la propiedad, mientras el 13,1% (644 operaciones) correspondió a viviendas cuyo futuro será el mercado del alquiler. Las restantes 1.315 calificaciones (26,7%) se concedieron para viviendas destinadas a otros regímenes de tenencia, que alcanzaron su máximo desde que hay registros.

Según la serie que comienza en 1991, las calificaciones provisionales para viviendas protegidas tocaron su techo en el año 1995, con más de 122.000, y tras moderarse en los años siguientes, superaron las 70.000 entre los años 2003 y 2009 en plena burbuja inmobiliaria. Desde el inicio de la crisis fueron descendiendo hasta situarse en apenas 5.300 en el año 2015.

A partir de entonces, la cifra se ha ido recuperando paulatinamente y se superaron de nuevo las 10.000 por primera vez en el año 2018. En el 2021, las 13.171 fueron el máximo del último período, pero en 2022 se produjo un descenso del 22% hasta las 10.217, la cifra más discreta desde el año 2017. De mantenerse la tendencia actual en la segunda mitad de 2023, se podría rebajar de nuevo la barrera de las 10.000.

UN 2,5% DE VIVIENDA SOCIAL

En la actualidad, el parque de vivienda social -con algún tipo de protección- en España es el 2,5% del total, en torno a unas 452.000 viviendas, uno de los más bajos de la Unión Europea y seis puntos por debajo de la media, que se sitúa en un 9,3%, según reconoció el Ministerio de Transportes en el su último boletín sobre vivienda social elaborado en el año 2020.

Todo ello pese a que la producción de vivienda protegida para adquirir en propiedad a bajo coste fue una constante durante gran parte del siglo XX. Entre los años 1981 y 2019, se construyeron 2,36 millones de viviendas protegidas, un 21,6% del total del parque construido.

La reducción del parque se explica en que la mayoría de estas viviendas tenían un período de protección de entre 10 y 30 años, en función de la norma autonómica correspondiente, durante el cual sólo se podían vender a un precio pasado. Tras pasar ese tiempo, se han podido vender a un precio libre. La Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno obligó a una protección permanente -o de un mínimo de 30 años en algunos supuestos- de todas las viviendas protegidas.

Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez prometió elevar la oferta de vivienda pública en alquiler social o a precio asequible en un total de 184.000 viviendas a través de diversas iniciativas que incluyen a la Sareb y otros organismos relacionados con el Ministerio de Transportes. Según los datos actualizados en el año 2020, existen 290.000 viviendas públicas en alquiler asequible, de las cuáles 180.000 son de titularidad autonómica y las 110.000 restantes son de titularidad local. Estas ofrecen cobertura a un 1,6% de los 18,6 millones de hogares que hay en España, según el informe realizado por el Gobierno.