A pesar de que Caldera insistió en que la filosofía de la norma es la de priorizar la prestación de servicios sobre la concesión de ayudas económicas, asumió el hecho de que en los inicios del sistema serán más frecuentes las ayudas económicas por falta de infraestructuras para la prestación de servicios concretos.

El sistema da "prioridad a los servicios frente a las prestaciones económicas, pues es una forma más coherente de entender los derechos sociales", aseguró el ministro en su comparecencia ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados, donde matizó, no obstante, que "en los primeros años es probable que haya más ayudas económicas, hasta que se creen servicios".

En su comparecencia, Caldera explicó el contenido del proyecto de la ley y reiteró que "nadie quedará sin protección ante una situación de dependencia" por carecer de recursos económicos para hacer frente al copago e insistió en que será un sistema para todos los españoles, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan.

El titular de Asuntos Sociales reiteró que, a partir del año que viene, todos los españoles que lo deseen podrán solicitar que se les evalúe y se determine así su grado y nivel de dependencia y, en virtud de ellos, las prestaciones o ayudas económicas a que tienen derecho.

No obstante, recordó, se empezará por atender a las personas que más lo necesiten, es decir, a los considerados como grandes dependientes, unos 200.000.

En total, continuó, se estima que actualmente hay 1.225.000 personas dependientes (con uno u otro grado) en España, una cifra que según las estimaciones ascenderá a 1.246.000 en 2010 y a 1.373.000 en 2015, último año para el que el Gobierno ha hecho cálculos económicos del coste de la ley.

Por último, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales indicó que el futuro Sistema Nacional de Dependencia creará unos 300.000 puestos de trabajo y supondrá un efecto sobre el Producto Interior Bruto español del 1,56% en 2010.