Así lo señala en una entrevista difundida en el último número de "Escritura pública", la revista que edita el Consejo General del Notariado, en la que reconoce que en materia de políticas de familia aún hay diferencias en cuanto a retribuciones por hijo importantes con relación a otros países de nuestro entorno.

No obstante, cree que las prestaciones sociales en España también son importantes, y está convencido de que con la nueva ley de dependencia estaremos muy próximos a Europa en materia de servicios sociales.

Según Caldera, el objetivo del Gobierno es hablar de la futura ley de dependencia con los agentes sociales, sindicatos y empresarios en la Mesa de Diálogo Social y Político en el Congreso de los Diputados, para obtener el mayor acuerdo político y social y remitir un texto al Parlamento con alto grado de consenso.

EMPLEO PRECARIO

El ministro se refiere también en la entrevista a la evolución del empleo y de la economía y considera que "no puede haber calidad en un empleo inestable y precario, porque son términos incompatibles y excluyentes".

Por ello, señala que la intención del Gobierno es avanzar en el empleo de calidad y que, para ello, uno de los primeros objetivos que pretenden alcanzar es el de reducir la temporalidad en el empleo.

No obstante, asegura que la economía española "disfruta de buena salud", como demuestran los datos sobre empleo de 2004, año en el que se crearon 461.300 puestos de trabajo y se se redujo el paro en 120.000 personas.

Sobre el paro femenino, Caldera cree que los empresarios son muy conscientes del buen rendimiento laboral de las mujeres, por lo que, a su juicio, en un plazo corto y si la economía sigue creciendo, se alcanzarán tasas de empleo femenino similares a las masculinas. Además, cree que la sociedad española está avanzando de manera importante en la conciliación de la vida laboral y familiar.

Caldera habla también del proceso de regularización de inmigrantes y resta importancia a los efectos que puede tener el derecho a reagrupación familiar de estas personas. "El inmigrante legal que solicita el reagrupamiento familiar tiene un trabajo, unos ingresos y paga sus impuestos", afirma.