En este sentido, defendió la plena constitucionalidad del proyecto de ley de dependencia y resaltó que no invade competencias de las comunidades autónomas, sino que la norma se limita a fijar un "mínimo común denominador" de servicios para todo el Estado.

El ministro apuntó que la iniciativa del Ejecutivo es "exquisitamente prudente" y recordó que está "avalada" por el Consejo de Estado. "Creo que no invade para nada competencia autonómica alguna", añadió.

"No podemos quitar ninguno de los elementos que configuran el mínimo" del sistema, agregó el ministro, quien recordó, además, que los puntos básicos de la ley fueron pactados con la patronal y los sindicatos.