El respaldo de todos los grupos, incluido el PP, a la iniciativa conjunta de ERC, PNV y el Grupo Mixto, llevó a los socialistas a sumarse a la comparecencia, que también habría sido aprobada sin sus votos, ya que el resto de los partidos con representación parlamentaria reclamaban explicaciones por no haber consensuado el plan con el Congreso y las comunidades autónomas.

El diputado de ERC Joan Puig denunció que la manera de actuar del Instituto de Juventud (Injuve) y por tanto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del que depende, supone "una burla al Parlamento y un intento de actuar sobre las competencias exclusivas de las comunidades autónomas".

El Congreso aprobó en el último Debate sobre el Estado de la Nación una resolución en la que emplazaba al Ejecutivo a paralizar el plan y consensuarlo con las comunidades, pero el Gobierno ha cometido la "equivocación" de incumplir este mandato parlamentario, apuntó Puig, que pidió "menos armonizar y más respeto a las comunidades autónomas". En nombre del PNV, José Ramón Beloki justificó la urgencia de esta petición de comparecencia en la "prisa" imprimida por el propio ministerio, que "sin explicación alguna nos ha aprobado el plan el 1 de julio, a los pocos días de cerrarse el periodo de sesiones", con lo que "ha ido en contra de una resolución todavía reciente y meridianamente clara".

La diputada de Eusko Alkartasuna Begoña Lasagabaster, en nombre del Grupo Mixto, reclamó también respeto a la distribución de competencias y defendió que el responsable de Trabajo dé explicaciones al Congreso sobre los motivos de su decisión.

FALTA DE TALANTE

El portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales del PP, José Eugenio Azpiroz, criticó también la falta de diálogo y consenso con las organizaciones juveniles, motivo por el que este grupo ha presentado también una petición de comparecencia de Caldera.

"El Gobierno ha sido sordo y ciego y plantea un plan con unas cifras que son menores que las de anteriores planes", aunque no es momento de entrar en el contenido y con una "total y absoluta falta de diálogo y de talante", por un motivo fundamental, "el desprecio al Parlamento".

Por último, reprochó al PSOE haberse "empachado de enfatizar el diálogo como instrumento sacrosanto" de la era socialista, "pero las cosas se demuestran con hechos, no es lo mismo prometer que dar trigo, y tienen una magnífica ocasión de tener una necesaria rectificación".

Joan Herrera, portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) expresó su respaldo a esta petición también en aras del respeto a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, los mismos argumentos que emplearon Père Grau, de CiU, y el diputado de Coalición Canaria Luis Mardones.

El portavoz socialista en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Membrado, aseguró que el Gobierno no tiene "nada que ocultar", y es "absolutamente respetuoso" con las decisiones que se tomen en la Cámara, por lo que anunció que sumará sus votos a los de el resto de los grupos.

Se mostró convencido de que "el ministerio no va a desarrollar el plan si no es en colaboración con las comunidades que tienen competencias exclusivas" en materia de juventud, y concluyó que se suma a la propuesta porque "no tenemos ningún problema en que el ministro de Trabajo comparezca aquí".