Esta ley configurará el Sistema Nacional de Dependencia como cuarto pilar del Estado del Bienestar, tras el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Educativo y el Sistema de Pensiones, que fueron desarrollados en la década de los ochenta.

Establecerá un nuevo derecho universal de ciudadanía y subjetivo que garantiza atención y cuidados a las personas dependientes (aquellas que no se pueden valer por sí mismas, en su mayoría personas mayores). Los expertos calculan que en España hay más de 1,1 millones de personas en esta situación, cifra que aumentará considerablemente en los próximos años.

El nuevo sistema, al que el Estado aportará más de 12.639 millones de euros, entrará en vigor en 2007. Así, el próximo año todos los españoles que lo soliciten serán evaluados para determinar su grado y nivel de dependencia y las prestaciones a las que tienen derecho.