Durante su intervención en un encuentro informativo, Caldera indicó que es difícil calcular el impacto que tendrá la reforma laboral, pero las primeras estimaciones del Ejecutivo hablan de que "al menos" se logrará la conversión de 400.000 empleos temporales en indefinidos con el plan de choque.

Pero los resultados del conjunto de la reforma laboral, que incorpora otras medidas de lucha contra la temporalidad, serán mejores, avanzó el ministro. Entre esas medidas, el que desde el inicio se ayude a la contratación indefinida o el límite a la concatenación de contratos (habrá que hacer fijo a quien tras 30 meses lleve 24 en una misma empresa).

Caldera dijo que para los empresarios será "mejor" adaptarse al contenido de la reforma y beneficiarse de sus ayudas que asumir "el riesgo de un uso inadecuado de la temporalidad", que puede obligar a afrontar despidos improcedentes con la indemnización más alta: 45 días por año trabajado.

1.294 MILLONES

Caldera cifró el coste que la reforma laboral tendrá este mismo año en 870 millones de euros, cuantía que se situará en 1.294 millones de euros a partir de 2007. A estas cantidades se unen los 2.700 millones de euros que cada año el Estado destina a fomentar el empleo estable.

La reforma laboral introduce, desde el 1 de julio, una reducción de la cuota empresarial al sistema de protección por desempleo de los contratos fijos de 0,25 puntos, a la que se sumará otros 0,25 puntos desde el 1 de julio de 2008, cuando se situará en el 5,50%.

Esta rebaja aportará a los bolsillos de los empresarios, según economistas consultados por Servimedia, unos 800 millones de euros al año, a los que se suman otros 400 millones por la rebaja del Fogasa del 0,4% al 0,2% que se aplicará desde el próximo 1 de julio.

Con ello, la rebaja de costes para los empresarios, agregó el ministro, oscilará entre el 3% y el 4%, que se financiará "con cargo a las cotizaciones sociales" y gracias a la marcha de la economía, que permite un superávit de la Seguridad Social superior al 1% del PIB también este año.

En todo caso, si con esos 1.200 millones se consigue favorecer el empleo, apuntó Jesús Caldera, se recuperará la cuantía invertida.

DECRETO EN JUNIO

Sobre la fecha de aprobación del decreto ley con el acuerdo firmado este martes, Caldera aseguró que será en el mes de junio, con el fin de que pueda entrar en vigor el 1 de julio. Hace falta tiempo para afinar la literalidad de la norma, pues se modifican el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Procedimiento Laboral y "quizá" alguna ley más.

El ministro defendió el uso del decreto porque las medidas han de entrar en vigor de manera "inmediata, urgente", ya que "no se puede jugar con las expectativas" que puedan tener los empresarios.

Caldera aseguró que cuando el decreto se convalide en el Parlamento mantendrá que ha de ser "íntegramente respetado", por lo que no debe tramitarse como proyecto de ley, pese a la petición en ese sentido de la práctica totalidad de grupos parlamentarios, salvo el socialista.

Opinó que si "se alteraran las bases de lo acordado, de qué habría servido" más de un año de negociación. Instó a los grupos políticos que quieran modificar aspectos del mercado laboral distintos a lo pactado en la reforma a usar otros instrumentos parlamentarios, como las proposiciones de ley o las de no de ley.

"Apelaré a esa racionalidad y al consenso de los grupos", agregó Caldera, quien, en todo caso, afirmó que "respetaré lo que diga el Parlamento", aunque "me parece que el acuerdo se debe respetar".

Cuando el decreto ley llegue al Parlamento, habrá una primera votación para convalidarlo, y después se producirá una segunda para decidir si se tramita o no como proyecto de ley.

DESPIDO

El titular de Trabajo y Asuntos Sociales sostuvo que el "corazón" de la reforma laboral es "hacer contratos fijos a menor coste", con lo que las empresas "ganan competitividad y el trabajador en protección".

Según sus cifras, la reforma del mercado de trabajo de 1997 rebajó entre un 27% y un 60% el coste del despido en España -en función de la antigüedad del trabajador-, a lo que se une la reducción de costes que supuso la supresión de los salarios de tramitación en 2002.

Caldera defendió que la reforma pactada "es la mejor de las posibles" y resaltó que el coste del despido en España, según la OCDE, está "bastante" por debajo de la media de los países desarrollados.

Además, resaltó que de los cinco millones de empleos creados en España desde 1997, el 70% ha tenido carácter indefinido. El que el 90% de los contratos firmados sea temporal obedece a la alta rotación, uno de los aspectos que trata de solventar la reforma.