En una entrevista concedida a Servimedia, Caldera matizó, no obstante, que esa extensión de derechos no alcanza ni a los ascendientes de los inmigrantes ni a los europeos que llegan a España a pasar su jubilación.

La ley de dependencia "afecta a los ciudadanos españoles", es un "derecho de ciudadanía que todavía no está garantizado como derecho europeo y, por lo tanto, si se admitiera la atención a cualquier ciudadano europeo residente en España, por ejemplo jubilado, supondría una carga económica muy fuerte para los ciudadanos españoles, cuando no hay reciprocidad en ningún otro país", es decir, que si un español cae en situación de dependencia en Suecia o Alemania no estaría protegido.

"Lo que propondrá la ley -explicó el ministro- es que, mediante concierto, si los sistemas sociales del país de origen del extranjero financian el gasto, por supuesto serán atendidos".

"Distinto es el caso de los inmigrantes que trabajan en España", para quienes será de aplicación lo establecido en la Ley de Extranjería.

De este modo, "en atención a un criterio mínimo de residencia en España y de contribución mediante un trabajo legalizado, lógicamente esas personas tendrán derecho a ser atendidas por el sistema".

"Ellos y sus hijos", continuó Caldera, "y no tanto los ascendientes, porque en ese caso podría producirse una llegada de personas que no han contribuido a nuestro sistema y que recibirían esa ayuda".

VALORACION DE LAS CCAA

Caldera explicó que el sistema de valoración de las situaciones de dependencia, en función de los tres grados (con dos niveles cada uno) establecidos por la ley, será "único" en toda España y "aprobado por la Administración General del Estado".

Sin embargo, "los equipos de valoración son competencia de las comunidades autónomas, igual que ocurre ahora con los equipos de valoración de las discapacidades. Serán equipos similares, pero los requisitos serán únicos en todo el territorio, los baremos, los criterios médico-científicos, serán iguales. Lo que hará cada equipo será valorar la situación de cada persona".

El titular de Trabajo y Asuntos Sociales insistió, asimismo, en que esta ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2007, "favorece a la persona dependiente y a su familia".

Destacó "la importancia que tiene para estas familias el disponer de unos servicios profesionales que les permitan el desahogo, el disfrute del tiempo libre, e incluso la posible compatibilidad de la vida familiar con un empleo remunerado fuera de casa".

"Estamos haciendo política social, pero también política de familia, para ayudar a las familias, que han venido sustituyendo a los poderes públicos en gran medida en la atención a la dependencia", agregó el ministro.

Las personas que se dediquen a cuidar a los familiares contarán con "una ayuda económica, e importante, que será en función de la renta de las personas. Si esa familia tiene recursos suficientes, la ayuda será menor". Además, esa persona estará dada de alta en la Seguridad Social, pero el coste de la cotización lo asumirá el propio Sistema de Dependencia.

MENORES DE TRES AÑOS

Sobre las críticas acerca de que los menores de tres años quedan fuera de la cobertura de la ley, Caldera sentenció que "aquí no queda nadie desprotegido". La ley establece la protección a partir de los tres años, admitió, porque "es la pauta universal" en países como Suecia, Finlandia o Alemania.

Además, "hasta los tres años normalmente la persona dependiente es atendida por el sistema sanitario o por los sistemas de servicios sociales".

"Puedo garantizar que nadie va a quedar exento de esta atención. Si hay algunos casos en que ni los servicios sanitarios ni los sociales se ocupan de ello, por supuesto que quedarían integrados en el sistema", comprometió Caldera.

Preguntado por el calendario de aplicación de la ley, indicó que, desde el 1 de enero de 2007 "estarán en vigor los baremos, los equipos de valoración y, por tanto, cualquier persona o sus familiares se podrán dirigir a ellos para valorar al dependiente".

Eso sí, la extensión del sistema en función de la intensidad de la dependencia será gradual, empezando por las personas con mayores necesidades y llegando a todos los afectados en 2015.