Según explicó, la iniciativa tratará de ayudar a los ciudadanos dependientes en función de la financiación de cada persona requiera, de tal modo que se atenderán en primera instancia los casos de "mayor gravedad", financiando en mayor medida a quien no tenga recursos, y en menor medida a aquellos que dispongan de cierta capacidad adquisitiva.

Caldera anunció que el Gobierno aspira a crear una ley que "reconozca la prestación de servicios a toda persona dependiente" y confió en que esté desarrollado por completo en ocho años.

Se trata, según dijo, de un modelo de atención a las personas que presenten cualquier tipo de dependencia, ya sean mayores, discapacitadas o con alguna enfermedad que exija especial atención.

Afirmó que enfrentarse a este reto "tiene mucha importancia" y auguró que se convertirá en una fuente de generación de empleo, de tal modo que mejorará la situación social del país y también la económica.