De esta forma, aquellos usuarios que saquen dinero de un cajero que no pertenezca a la red del sistema de pago de su tarjeta, podrán saber la cantidad máxima que se le cobrará por la operación y se les permitirá decidir si aceptan el recargo o rechazan continuar con la orden solicitada.

La legislación española también obliga a los bancos y cajas de ahorros a informar, a partir de la fecha anteriormente señalada si el importe que finalmente se carga al usuario por retirar efectivo es inferior al máximo establecido, algo que depende de las condiciones estipuladas en el contrato firmado entre el cliente y la entidad emisora de la tarjeta.

En la actualidad, los terminales sólo indican la posibilidad de que la entidad emisora tenga establecida una comisión, sin informar sobre la cuantía de la misma, algo que la normativa permite hasta el próximo 30 de abril como medida transitoria hasta la plena efectividad de l regulación de transparencia de precios en los servicios financieros.