En virtud de la Ley de Cajas de Ahorro, que el Parlamento de ragón aprobó el pasado 16 de noviembre, las entidades financieras están obligadas a someterse a la autorización del Gobierno aragonés a la hora de establecer las dotaciones presupuestarias anuales para el sostenimiento de la obra benéfico-social, mientras que la anterior ley sólo recogía criterios indicativos.

Las cajas aragonesas dedicaron en el año 2000 un total de 6.600 millones de pesetas a Obra Social, de los cuales ejecutaron 6.348. Por capítulos, la Cultura absorbió la mayor partida, 2.620 millnes, seguida de Asistencia Social y Sanidad, con 1.667 millones; de otras actuaciones de desarrollo socioeconómico, con 606; Enseñanza, con 546, e Investigación e Innovación, con 205 millones.