Se trata de la suspensión de pagos de la empresa Sotaverd, participada por Ferrovial en más de un 70 por cien. Dicha empresa es la promotora del proyecto inmoibliario Piscinas y Deportes, ubicado en una de las mejores zonas de Barcelona, cuyas obras fueron paralizadas hace ahora dos meses y se presentó la suspensión de pagos.

Caja de Cataluña reclama la precitada cantidad en concepto de capital e itereses no amortizados, al considerar a estos directivos "responsables solidarios de la deuda". Para esta defender su postura, la entidad se apoya en una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que imputa a los administradores de una sociedad responsabilidad sobre la deudas de la misma "cuando haya habido incumplimiento de los deberes legales de proceder a la disolución o recomposición patrimonial de la entidad", sentencia que, según el equipo jurídico de Caja Cataluña podría marcar jurisprudenci de gran relevancia.

Los demandados son los ocho miembros del Consejo de Administración de Sotaverd: Javier Ribó, Juan F. de Mendoza, Juan Béjar, Juan Cobián, Carlos Gonzalvo, Isaac Lahuerta, Iñigo Meiras y César Navarro, casi todos ellos altoscargos o directores generales de la constructora Ferrovial, una de las más importantes empresas del país y cuyo principal accionista es Rafael del Pino.

Para la entidad de ahorros catalana, Sotaverd ha incumplido la concesión administrativa otorgada por el yuntamiento de Barcelona, además del contrato de crédito con Caja Cataluña, ya que "ha construído 900 aparcamientos subterráneos y unas instalaciones deportivas, pero ha paralizado el proyecto cuando aún faltan por terminar diversas instalaciones, así como la restauración de dos masías".

La argumentación jurídica de la parte demandante afirma que "los administradores de la sociedad adoptaron una actitud totalmente pasiva", especialmente frente al hecho de que, a 31 de junio de 1994, los fondos propiosde Sotoverd eran inferiores a la mitad de su capital social y negativo el valor patromonial de la sociedad".

Según la ley de sociedad anónimas, en esa situación el Consejo debe convocar junta de accionistas en el plazo de dos meses, para proceder a la liquidación o a la ampliación de capital para reducir el equilibrio patrimonial de la empresa.