CAE UNA RED QUE PIRATEABA VIDEOCONSOLAS
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La Policía Nacional ha detenido a ocho personas como integrantes de una red que se dedicaba en España a la falsificación de videoconsolas y de los juegos que emplean estos dispositivos.
Según informó la Policía, se han intervenido más de 30.000 chips, dispositivos y cartuchos compatibles destinados a vulnerar las medidas de protección dispuestas por los fabricantes de consolas.
La operación se ha desarrollado en las provincias de Madrid, Sevilla, Valladolid, Málaga, Salamanca, Zamora, León, Gerona y Santiago de Compostela.
Entre los ocho detenidos hay responsables de dos franquicias centralizadas en Madrid y Salamanca, que distribuían por todo el país sistemas para la falsificación de videojuegos. Además de las sedes de las empresas franquiciadas se han registrado 22 establecimientos comerciales, en los que se ha intervenido material valorado en 922.000 euros aproximadamente.
JUEGOS NO ORIGINALES
La investigación comenzó a finales del pasado año 2008, centrada en el ramo de los videojuegos. Los agentes tuvieron conocimiento de que varias sociedades con presencia en todo el territorio nacional podrían dedicarse a la venta de dispositivos para videoconsolas, así como a la instalación en las mismas de diferentes sistemas ("chips piratas") para anular las medidas de protección dispuestas por los fabricantes originales.
Tenían a la venta cartuchos especiales para ser utilizados en un determinado modelo de videoconsola, conocidos vulgarmente como "cartuchos compatibles". Un software especial insertado dentro del propio cartucho-tarjeta, permitía vulnerar los códigos de autentificación (código de arranque), para poder usar juegos no originales en la videoconsola.
El sistema empleado tras la adquisición de estos cartuchos consiste en descargarse juegos a través de Internet para posteriormente grabarlos en una tarjeta de memoria que se introduce en el propio cartucho.
Una vez que se coloca en la videoconsola queda preparada para poder jugar. Con la comisión de este delito se ocasiona un grave perjuicio patrimonial a los legítimos titulares de los derechos de propiedad industrial e intelectual de los contenidos.
(SERVIMEDIA)
12 Mayo 2009
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