Según informó la Policía, los arrestados constituían una red internacional, ya que gran parte del proceso de falsificación de los documentos se realizaba en Portugal.

Los detenidos tramitaron cientos de licencias de conducir a una media de 1.500 euros la unidad. Las falsificaciones permitían, incluso, que los compradores se hiciesen con una tarjeta de transportista para llevar camiones de gran tonelaje sin contar con la autorización administrativa necesaria.

Tras las primeras indagaciones, se averiguó que el origen de esta actividad ilícita se encontraba en la provincia de Alicante. La principal responsable del grupo viajaba todas las semanas desde Torrevieja (Alicante) hasta las localidades de Leire y Fátima (Portugal) para tramitar la documentación fraudulenta.

Por el volumen de operaciones, la actividad más lucrativa de estos falsificadores consistía en facilitar permisos de conducir portugueses a ciudadanos de países del Este.