En declaraciones a Radio Nacional de España (RNE), Benito añadió que "entendemos que, por parte de los jueces, no hay unanimidad d crietrios (a la hora de imponer fianzas)".

"Mientras que a un colaborador de ETA, como puede ser la abogada Arantxa Zulueta, se le piden 300.000 pesetas de fianza para que no eluda la acción de la Justicia, a un director de Instituciones Penitenciarias se le piden 20 millones de pesetas y que se presente los día 1 y 15 de cada mes", prosiguió.

José María Benito afirmó que "nos parece que esto es incongruente y que los jueces, de una vez por todas, deben aunar criterios y fijar quién es la person que más fácilmente puede eludir la acción de la Justicia. Nosotros, en este caso, creemos que puede ser la abogada etarra"

Respecto al caso de estos abogados, Benito manifestó que "es paradójico que el Colegio de Abogados no se haya pronunciado todavía y no haya tomado medidas cautelares contra estos dos abogados, uno en prisión y otra en libertad condicional por colaborar con ETA".

"El Colegio de Abogados", continuó el secretario del SUP, "debería abriri expediente o utilizar los cauces reglametarios que tiene para ello y arbitrar unas medidas cautaleares, mientras se substancia el expediente penal".

Por otra parte, Vicente Falomir, presidente del Consejo General de la Abogacía, afirmó a RNE que "de formularse esta petición, deberá hecerse de forma directa al Colegio competente para ello que es el de Madrid, al que corresponde también la jurisdicción disciplinaria".

Sobre las sanciones a aplicar caso que prosperase el expediente, Vicente Falomir explicó que "si prosperase ese expedient de la forma que tenemos conocimiento a través de los medios de comunicación, podría incluso llegarse a la expulsión del Colegio".