Los 502 guardias fluviales deben cubrir los 464.278 kilómetros cuadrados que abarcan las nueve cuencas hidrografícas de nuestro país, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

El caso más alarmante lo constituye la cuenca del Duero, donde 34 guardias fluviales recorren un área de 78.954 kilómetros cuadrados, lo cual constituye una media de 2.300 kilómetros cuadrados.

Por el contrario, en la cuenca del Guadalquvir 162 vigilantes deben custodiar una superficie de 63.972 kilómetros cuadrados, por lo que a cada uno le tocan 400.

No obstante, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) es el mejor aliado de estas personas, aunque no es suficiente para paliar el déficit de personal que sufre este área de la Administración.

Para reducir los efectos negativos de esta situación, los ministerios de Justicia y el de Obras Públicas y Transportes firmaron el año pasado un acuerdo para ue más de 3.000 objetores de conciencia realizaran tareas relacionadas con la guarderia fluvial. Sin embargo, este nuevo destino todavía no ha empezado a funcionar.

SANCIONES

Uno de los cometidos de los guardias fluviales es el seguimiento de los vertidos autorizados y la iniciación de denuncias que deben provocar la apertura del correpondiente expendiente de sanción.

El vertido incontrolado de residuos a los ríos y mares constituye uno de los principales problemas ambientales de nuestro país, ue deberá invertir durante los próximos años 1,5 billones de pesetas para adaptarse a la directiva comunitaria sobre depuración de aguas.

Las cuencas más contaminadas son aquellas en las que la presión de los vertidos industriales es mayor, como la del Norte y el tramo medio del Tajo.

En 1991 el número de expedientes sancionadores incoados por arrojar vertidos al río ascendió a 2.255, en 1990 a 1.676 y en 1989 a 1.768.