Fernando Osorio, director general de Costas del MOPTMA, manifestó a Servimedia que la construcción de inmuebles sin disponer de las concesiones y autorizaciones preceptivas constituye la infracción más habitual.

La Ley de Costas entró en vigor en 1988 y establece una franja de protección, con carácter general, de 100 metros, aunque en las zonas que eran urbanizables antes de la promulgación de la norma se reduce a 20 metros.

Sin embargo, la ley permite a las comunidades autóomas y ayuntamientos ampliar los límites mínimos legales de protección, pero sólo una comunidad, Asturias, ha ejercido esta facultad.

Aún así, el número de expedientes sancionadores llegó a situarse en torno a los 4.500 en 1990, pero durante los últimos años oscila entre los 3.800 y los 4.000.

Aunque los infractores suelen ser particulares, la sanción más importante impuesta por incumplir la Ley de Costas la recibió un ayuntamiento, el de Marbella (Málaga).

El Consejo de Ministros impuso unasanción que superaba los 200 millones de pesetas al Ayuntamiento de Marbella por construir un tramo de paseo marítimo sobre la playa sin disponer de los permisos correspondientes. Fernando Osorio recordó que el pago de la sanción no se ha hecho efectivo, ya que está recurrida ante el Tribunal Supremo.

La provincia de Málaga ha sido de las que ha visto con mayor frecuencia cómo se aplicaba la ley encargada de proteger la costa. En los tres años siguientes a su entrada en vigor se demolieron cerca de 60 instalaciones en las playas de la Costa del Sol, entre chiringuitos, casetas para las hamacas e instalaciones similares.

POLEMICA CON CiU

El expediente sancionador motivado por infracción a la Ley de Costas, además de establecer una multa, exige la reposición del terreno alterado a su anterior estado, salvo que sea una actuación legalizable, en cuyo caso es necesario tramitar el correspondiente expediente, que da como resultado la legalización, en algunas ocasiones incluyendo modificaciones en el poyecto ejecutado de forma irregular, o la no legalización y la consiguiente demolición.

Esta ley fue uno de los puntos que provocó el distanciamiento entre Convergència i Unió y el Gobierno, ya que la coalición catalana se ha mostrado partidaria de modificar numerosos artículos, por considerar que la norma invade competencias de la Administración autonómica.

Por el contrario, el titular del MOPTMA, José Borrell, se ha negado a ceder a las pretensiones del Grupo Catalán, al entender que algunas desus propuestas reducen los niveles de protección que ahora establece la ley.

En las tres provincias catalanas con costa el número de expedientes no es uniforme. En Gerona, oscila entre los 50 expedientes tramitados el año de menor actividad, y los 160 del que más; en Barcelona oscilaron entre 50 y 175, y en Tarragona entre 128 y 210.

El número de expedientes suele guardar relación con los kilómetros de costa de cada provincia. En Coruña, la que presenta mayor longitud de costa, se han llegado a tamitar en un año 518.