EL CABRIL. AEDENAT ACUSA A KINDELAN DE MENTIR AL PARLAMENTO SOBRE LA SITUACION DEL CEMENTERIO NUCLEAR
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La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat) acusó hoy al presidnte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Manuel Kindelán, de mentir al Congreso de los Diputados cuando ocupaba la Presidencia de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en relación a la capacidad legal del almacenamiento de residuos de "El Cabril" (Córdoba) para acoger desechos procedentes de centrales nucleares.
Aedenat se remite a la comparecencia de Kindelán ante la Ponencia Especial encargada de evaluar el informe del CSN relativo al segundo semestre de 1988. El diputado de Iquierda Unida Manuel García Fonseca le preguntó entonces cuándo había obtenido el "cementerio" nuclear de "El Cabril" autorización para acoger residuos nucleares.
Kindelán respondió que en febrero de ese año, dando a entender que ya en 1988 Enresa estaba legalmente capacitada para trasladar residuos de centrales nucleares a "El Cabril".
Aedenat acusó hoy al ex presidente de Enresa y actual presidente del CSN de mentir al Parlamento, por entender que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia e Madrid, que ordena el cierre del "cementerio" nuclear, demuestra que en aquellas fechas no estaba autorizado para almacenar los residuos radiactivos generados en centrales.
Por este motivo, Aedenat volvió a exigir hoy la dimisión de Juan Manuel Kindelán, a quien acusa de actuar con "evidente desprecio de la ley", por lo que considera que no está capacitado para dirigir el CSN, organismo, dicen los ecologistas, que debe caracterizarse por su imparcialidad, objetividad y respeto de las normas.
Admás, Aedenat afirma que Enresa, el CSN y el Ministerio de Industria sabían que "El Cabril" no podía almacenar residuos de nucleares, y acusa a estos organismos de intentar obstruir el proceso jurídico abierto por la organización ecologista.
En un principio se le negó a Aedenat el acceso a resoluciones y órdenes ministeriales sobre el "cementerio" nuclear, información que años después les fue facilitada al ganar los ecologistas otro recurso.
Por su parte, Industria insiste en que el problema jurídco quedó resuelto con sendas ordenes ministeriales aprobadas en 1989 y 1992, por lo que ha decidido recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante el Supremo.
(SERVIMEDIA)
25 Jun 1996
GJA