Salgado, que clausuró unas jornadas sobre telecomunicaciones organizadas por el IESE, lanzaba así un mensaje de consenso al socio político del Gobierno central sin mecionarlo, CiU, y cuyos responsables en el Parlamento impiden un acuerdo suficinte para aprobar la ley en tanto el Gobierno no aumente las competencias de las comunidades autónomas sobre este sector.

En su opinón, "sería un retroceso el montaje de monopolios autonómicos, más o menos camuflados, precisamente cuando se están desmontando los monopolios estables". Y añadió: "Confío en que la responsabilidad de todos los grupos políticos consiga llevar a buen puerto el proyecto de ley".

La responsable de Comunicaciones del MOPTMA señaló las dificultades que encierran la fragmentción de competencias sobre regulación de las telecomunicaciones, por lo que sigue creyendo que son indelegables.

Para defender esta argumento, contrario al de CiU, indicó que "en España ya tenemos alguna experiencia al respecto, y a pesar de tratarse de un tipo de servicio, de técnica y operativa muy simple, la problemática generada por la necesidad de coordinación está siendo muy importante e imposible de repetir".

Elena Salgado dijo también que en la nueva Ley de Ordenación de las Telecomunicacones (LOT), anunciada por el ministro José Borrell, se pretenden definir el servicio público telefónico y las garantías para prestarlo en el entorno de libre competencia que se producirá a partir de 1998. Esto implica un modelo de financiación conjunta por parte de todos los operadores del sector.

También recogerá, explicó, la interconexión de redes y servicios, la normativa que fije un arbitraje entre los operadores y la prevención de prácticas anticompetitivas.

Reconoció que existen tensiones etre los operadores tradicionales, como Telefónica, y los que son considerados alternativos para constituir infraestructuras de comunicaciones alternativas a las que existen, tanto privados como públicos, como sería el caso de Red Electrica de España (REE).

En este sentido, advirtió del riesgo de que este tipo de operadores entren en el negocio de telecomunicaciones aprovechando infraestructuras de cable amortizadas total o parcialmente con una actividad monopolística, lo que les permitiría actuar con recios marginales en sectores liberalizados, "con el evidente peligro de confusión de costes".