Según han informado a Servimedia fuentes solventes, el documento propone trasladar al esto de comunidades autónomas el mismo criterio que se ha seguido en Cataluña para diseñar un 'mapa del cable' distinto al que inicialmente se desprendía de la ley.

También desde el Ministerio de Fomento, a través de su Subsecretaría, se han iniciado ya trabajos para analizar la situación del cable en España y estudiar los posibles cambios a introducir en la ley, ya que se ha asumido que se trata de un "asunto prioritario", junto a la Ley de Puertos y la de Suelo.

En concreto, en Cataluña se pretnde crear un máximo de 3 ó 4 demarcaciones en toda la comunidad autónoma, de manera que se asegure a los futuros operadores un mercado lo suficientemente amplio para acelerar el retorno de las inversiones y aumentar la capacidad de competir con Telefónica, para la que se plantean mayores limitaciones en el segmento de TV por Cable de las inicialmente previstas en la ley.

Además de esta redefinición de la demarcaciones, CiU plantea el derecho de los operadores de dar servicios de telefonía vocal a partr de 1998 y la ampliación de los contratos de 15 a 25 años con derecho a prórroga, salvo si se incurre en faltas graves del reglamento.

También se plantea la liberalización de las infraestructuras que ya existen, alternativas a las de Telefónica -Correos, eléctricas, petroleras, ferrocarriles, agua, gas, etc.-, para minimizar el impacto económico de la extensión de las redes.

Para una segunda fase, los catalanes pretenden asumir la demanda de las empresas operadoras de telecomunicaciones y los faricantes de equipos, de elaborar una nueva ley de ordenación del sector, por entender que la actual está anticuada y se ha convertido en un obstáculo para su liberalización.