Según han confirmado a Servimedia fuentes de CiU, la coalición nacionalista no apoyará al PP en la ratificación del decreto por el Parlamento, salvo si se tramita como un proyecto de ley y "se introducen algunas enmiendas de calado".

En concreto, el malestar de los convergentes estriba en que los responsables de Fomento no han tenido en cuenta aspectos básicos para CiU en la leislación de telecomunicaciones, como la concesión de competencias a las comunidades autónomas para adjudicar las licencias de cable en el ámbito de su región. Este planteamiento fue expuesto por el consejero catalán de Industria, Antoni Subirá, a Arias Salagado dos días antes de que el Gobierno aprobara el decreto.

Esta demanda es considerada por los convergentes irrenunciable, y aunque apuestan por el modelo de demarcación única en cada comunidad autónoma, reconocen que deben ser los ayuntamientos lo que decidan "autónomamente" si se configuran como demarcación independiente u optan por asociarse con otros municipios.

Las reservas de CiU a la liberalización de telecomunicaciones del PP afectan también a la moratoria de dos años impuesta a Telefónica para que opere en cable. Los socios catalanes del Gobierno entienen que "no es razonable establecer un duopolio durante varios años en todos los servicios para dejar crecer al 'segundo operador', y no hacerlo en cable".

Igualmente, se consideran al resueltas las condiciones de mercado de las que partirá el segundo operador -Retevisión-, ya que su licencia de telefonía básica le permite dar servicios de voz en los ámbitos nacional, internacional y local, y además se pretende hacer a partir del año que viene.

"Quién dé el servicio de voz en 1997", añaden en CiU, "se quedará con la crema de clientes en cada demarcación, y cuando empiecen a operar un año después las licencias de cable, éstas estarán en perores condiciones para negociar con Reteviión una alianza que permita crear una red homógenea a la del principal competidor, Telefónica, por todo el país".

Otro factor que no satisface a los sacios catalanes de Aznar es la posibilidad de otorgar a los actuales operadores de cable una licencia por diez años para dar servicios de TV, si no ganan el concurso en la demarcación en la que ya están.

Este elemento, según CiU, generará conflictos de funcionamiento en el mercado, porque podrán darse demarcaciones con tres empresas de cable operand -la que estaba, Telefónica y la segunda licencia- frente a otras dónde sólo habrá dos -Telefónica y la que gane el concurso-.