Cuadra Echeandía, quien ya fue condenado como autor del secuestro de Cordón en 1995, hizo estas declaraciones en el juicio celebrado contra Manuel Pérez Martínez, Isabel LLaquet Baldellou y Fernando Silva Sande, quienes están acusados de ser los inductores del secuestro del empresario.

El testigo aseguró que, en 1997, un miembro de los servicios de inteligencia así como un mando de la Guardia Civil que se dedicaba a labores de información, se reunieron con él y otros dos dirigentes de los Grapo en una cárcel de Sevilla.

En dichos encuentros, mantuvieron conversaciones "para una negociación de tipo político" que permitiese la disolución definitiva de la banda terrorista, según aseveró Cuadra Echendía.

El testigo señaló que durante esos encuentros sólo le preguntaron "una vez y de forma puntual" sobre el paradero de Publio Cordón, pero que no pudieron aportar nada nuevo porque "ya lo habíamos dicho todo y no había nada más que aportar".

Por su parte, ninguno de los acusados reveló dato algunoque pueda esclarecer qué pasó con Publio Cordón y dónde se encuentra, en caso de que este vivo. Todos ellos negaron cualquier tipo de participación o relación con el secuestro.

27 AÑOS DE PRISIÓN

El Ministerio Público, representado por el fiscal Luis Barroso, solicita para Pérez Martínez, Llaquet Baldellou y Silva Sande una pena de 27 años prisión como inductores directos del secuestro de Publio Cordón, concretamente por un delito de detención ilegal.

También pide que los acusados indemnicen de forma conjunta con los ya condenados por esta causa a la esposa e hijos del empresario aragonés con la cantidad de 300.506 euros, si se acredita que Cordón está vivo o en libertad, o con 2.404.048 euros (400 millones de pesetas, la cantidad que los familiares pagaron por el rescate) si se demuestra que está muerto.

La Fiscalía sostiene que Pérez Martínez y Llaquet Baldellou, como dirigentes del Partido Comunista de España Reconstituido, se reunieron en París "entre los meses de mayo y junio de 1995" con Enrique Cuadra Echeandía, ya condenados por estos hechos, en la que acordaron y planearon el secuestro de Cordón.

También considera que Silva Sande, junto con varios miembros de los Grapo ya condenados por estos hechos, participó en las labores de seguimiento y en el secuestro del empresario realizado el 27 de junio de 1995.

Además, se le acusa de haber sido el encargado de la vigilancia y custodia del secuestrado, así como en las negociaciones y posterior cobro del rescate abonado por los familiares del empresario, en total 400 millones de pesetas (2.303.048 euros). De hecho, la Fiscalía considera que Silva Sande fue la persona que recogía en París el dinero del rescate entregado por la hija y el yerno de Publio Cordón.

Según el escrito de la Fiscalía, los miembros de los Grapo anunciaron que liberarían a Cordón a primera hora de la mañana del día 17 de agosto de 1995 en las proximidades del Estadio de Sarriá de Barcelona. El propio Cuadra Echeandía telefoneó a la familia Cordón para comunicarle estos datos. "Hasta la fecha no se conoce ni la fecha ni el lugar donde Cordón permaneció retenido, ni su paradero, ni si fue efectivamente puesto en libertad", asegura el escrito.

El primero en declarar fue Silva Sande, quien está considerado uno de los cabecillas de los Grapo en la época en la que se llevó a cabo el secuestro. El acusado negó haber participado o tenido algún tipo de relación con el secuestro de Cordón.

"No tuve nada que ver con la preparación ni con el secuestro, ni siquiera conozco a Publio Cordón", aseguró el presunto miembro de los Grapo.

El acusado fue más allá y afirmó que en la fecha en la que tuvo lugar el secuestro del empresario "ni siquiera estaba operativo en los Grapo".

Ante esta afirmación, el fiscal pidió que se le enseñaran al acusado dos cartas presuntamente escritas por él en las que se hablaba del secuestro de Cordón, pero Silva Sande afirmó que no eran suyas y que la firma que aparecía en ellas no se correspondía con la suya propia.

EL BRAZO POLÍTICO DE LOS GRAPO

Por su parte, Pérez Martínez, quien fuera el secretario general del Partido Comunista de España Reconstituido (PCER), considerado como el brazo político de los Grapo, también negó cualquier participación en el secuestro.

El acusado se mostró convencido de que la única prueba que existe contra él es una carta escrita por los familiares de Cordón que se encontró en su domicilio de París. Preguntado sobre la misiva, Pérez Martínez explicó que la carta fue enviada por los pariente de Cordón "a todos los presos y miembros de los Grapo y del PCER" en la que se pedía ayuda para encontrar al empresario.

"Nos enteramos del secuestro por la prensa", aseguró el acusado, quien añadió que, posteriormente, el Gobierno les solicitó información sobre el paradero de Cordón y que ellos, desde el PCER, remitieron la cuestión a los Grapo "a través de nuestros contactos".

Pérez Martínez dijo que la "misión" del PCER era "de tipo político e ideológico" pero quiso dejar claro que desde su formación política nunca se participó en ninguna acción armada.

"Los camaradas que querían dar respuesta a un atentado debían irse fuera del partido ya que está prohibido por los estatutos y todo el mundo lo cumple", aseveró.

El acusado también señaló que desde el PCER "apoyamos las acciones justas de los Grapo y criticamos aquellas que van contra los fines del movimiento", y añadió que el partido tampoco recibió financiación de la banda terrorista.

La acusada y mujer de Pérez Martínez, Llaquet Baldellou, se expresó en los mismos términos que él y negó cualquier tipo de relación o participación con el secuestro de Publio Cordón.

Al igual que su pareja, Llaquet Baldellou reconoció que en la época en la que se produjo el secuestro del empresario aragonés era miembro del PCER, pero puntualizó que nunca formó parte de los Grapo.

El fiscal Barroso también le preguntó sobre la carta que los familiares de Cordón enviaron al entorno de los Grapo en busca de ayuda para encontrar al empresario, ante lo cual Llaquet Baldellou aseguró que, como miembro del PCER, "recibía miles de cartas" de todo tipo.

SECUESTRO Y COBRO DEL RESCATE

En el turno de las pruebas testificales, declaró en primer lugar el dirigente de los Grapo Enrique Cuadra Echeaindía, quien ya fue condenado como autor del secuestro de Publio Cordón.

Cuadra Echeaindía, además de afirmar que el Gobierno trató de negociar la disolución de los Grapo, dijo no conocer a Pérez Martínez ni a Llaquet Baldellou y aseguró que no se reunió con ninguno de los acusados para planear el secuestro del empresario aragonés. También negó que Silva Sande realizase las labores de custodia del secuestrado y que cobrase el dinero del rescate.

El testigo señaló que la decisión de secuestrar a Publio Cordón fue tomada por el comité central de los Grapo y que en ella nunca intervinieron miembros del PCER. También negó que Pérez Martínez y Llaquet Baldellou formarán parte de la banda armada.

Por su parte, la también condenada por el secuestro, Concepción González, reconoció que en la fecha en la que se produjo el secuestro era miembro de los Grapo y dijo conocer a Silva Sande en aquella época, pero aseguró no haber tenido ningún trato ni con Pérez Martínez ni con LLaquet Baldellou.

La testigo señaló que no recuerda nada del secuestro porque "ha pasado mucho tiempo", pero sí que afirmó que Silva Sande, al igual que los otros dos acusados, no participaron en él.

5.000 EUROS DE MULTA POR DESOBEDIENCIA

El momento de tensión se vivió cuando compareció como testigo el presunto dirigente de los Grapo José Ortín, ya condenado por estos hechos.

Ortín se negó a declarar, a pesar de que su condición de testigo le obliga ello. Después de varias advertencias, el presidente del Tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, decidió imponerle una multa de 5.000 euros.

Además, y ante el persistente silencio de Ortín frente a las preguntas de las partes, Guevara decidió que se le dedujese testimonio y que fuera puesto a disposición de los juzgados ordinarios acusado de un delito de desobediencia grave.

Tras el altercado, Guevara suspendió la vista, que continuará mañana a las 10.00 horas con las pruebas documentales.