Cabanillas señaló a la COPE que se trata de "dos cuestiones de tracendencia y el fondo plantea una serie de problemas sobre lo que entendemos que debe ser la separación de poderes".

Respecto a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la congelación del sueldo a los funcionarios en 1997, añadió que "vamos a recurrir porque creemos que no es sólo una cuestión meramente de retribuciones salariales, sino que afecta a la potestad legislativa de las Cortes, por un lado, y afecta a la capacidad del Ejecutivo de establecer su política económica".

"Afecta a la capaciad legislativa de las Cortes porque va en contra de la Ley General Presupuestaria y también de la Ley de Presupuestos, porque la Audiencia obligaría a las Cortes a asumir compromisos de gasto sin reforma o enmienda en la función normal de las Cortes de aprobar los Presupuestos".

Cabanillas añadió que este asunto "va más allá de una mera cuestión de personal, ya que pone en cuestión el propio sistema y la aprobación misma de las leyes".