González Pons, que interpeló al ministro sobre este asunto, dijo que se alteraron las reglas sin respetar el procedimiento, para que una "votante VIP del PSOE" pudiera votar en Valencia, comunidad por la que se presentaba como cabeza de lista al Congreso.

De la Vega se empadronó en el municipio valenciano de Beneixida el 27 de noviembre de 2007, cuando el plazo que marca la ley para incluir a los nuevos empadronados en el censo se acababa el 1 de diciembre de 2007.

En consecuencia, explicó el ministro de Justicia, la vicepresidenta tenía derecho a estar en el censo y votar en las elecciones de marzo de 2008, pero el diputado del PP se agarró a resoluciones administrativas que fijan el día 1 de noviembre de 2007 como fecha límite para incluir a los nuevos empadronados en el Censo Electoral, siguiendo directrices del Instituto Nacional de Estadística (INE).

González Pons tachó de "despropósito" todo lo que rodea a este supuesto fraude electoral, que finalmente, subrayó, acabó con la inclusión en el Censo Electoral de Valencia de la vicepresidenta el "11 de febrero de 2008, cuando quedaba menos de un mes para la elecciones".

El Gobierno forzó la maquinaria, según González Pons, y creó "un galimatías con la voluntad expresa de obtener un voto más en la Comunidad Valenciana, de justificar una autobiografía de campaña y de tapar con oscuridad una clamorosa ausencia de una valenciana que se inauguró como valenciana sólo al llegar las elecciones".

"Todo esto puede que tener justificación en el ámbito personal, pero en el de la decencia política no tiene justificación", sentenció.

Las acusaciones del PP, según Caamaño, ponen en entredicho la dignidad del Estado de Derecho y la dignidad de la Ley. "No hay nada más pernicioso para el Estado de Derecho que la conjetura y las medias verdades", subrayó.

Insistió en que todo el proceso se ajustó a la legalidad y que por encima de las resoluciones administrativas está la Ley Orgánica Electoral General, que de forma "inequívoca" marca como fecha límite para incluir a nuevos empadronados en el Censo un mes antes de la convocatoria de elecciones.

Según esta normativa, el 1 de diciembre de 2008 era el último día para incluir a los nuevos empadronados en el Censo Electoral, a lo que se agarró De la Vega para recurrir su omisión censal, ya que las Elecciones Generales de 2008 se convocaron el 5 de enero de 2008.

CASTILLOS DE NAIPES

Caamaño acusó al PP de construir "castillos de cartón con naipes marcados" para dañar al Gobierno y de intentar privar "injustamente" a un grupo de ciudadanos del derecho a censarse, dentro del derecho que les asiste según la ley, sólo porque entre ellos estaba la vicepresidenta primera.

A juicio del ministro de Justicia, el "único motivo" de la interpelación parlamentaria de González Pons es dañar a la vicepresidenta del Gobierno, en lugar de alegrarse de una resolución que reconocía el derecho de muchos ciudadanos a poder votar en las Elecciones Generales de 2008.

"En lugar de alegrarse de un Estado de Derecho que atiende al bien de muchos, sólo pretende alegrarse del daño a uno solo", sentenció

Caamaño pidió a González Pons que "no sea injusto con la verdad", porque al hacerlo lo está haciendo también con el Estado de Derecho, con las instituciones públicas democráticas y con un grupo de ciudadanos que "legítimamente" reclamaron su derecho a poder votar.