"Las cosas son como son, no cómo usted las quiera presentar" contestó Caamaño a la diputada del PP, Celia Villalobos, que le preguntó: "¿Qué razones han llevado al Ministerio de Justicia a ordenar a la Abogacía del Estado que recurriera la sanción de la Junta Electoral Central por infracción electoral cometida por una candidata socialista, Magdalena Álvarez, en la pasada campaña de las elecciones generales?".

El ministro de Justicia dejó claro que la acusación de la diputada del PP "no se ajusta a la realidad" y, aseguró, queeste Gobierno "no ha ordenado que se actúe en defensa de candidatos electorales de ningún partido".

Caamaño recordó a Villalobos que los hechos por los que se produjo la sanción ocurrieron en la campaña electoral a las Elecciones Generales de 2008. Le explicó que el abogado del Estado asumió la defensa de Magdalena Álvarez porque se trataba de un expediente sancionador incoado contra el Ministerio de Fomento, por la inclusión de publicidad en trenes de Renfe.

Cuando se produce una sanción de esta índole, continuó el titular de Justicia, el procedimiento se proyecta sobre el titular o la titular del Ministerio en cuestión, por lo que la sanción recayó sobre Magdalena Álvarez.

Camaaño advirtió a Villalobos de que todo ciudadano tiene derecho a recurrir a la defensa jurídica por parte de un abogado. Señaló que en el caso de los ministros o los funcionarios del Estado, la ley regula que la Abogacía del Estado es la que tiene que defenderlos.

Villalobos mantuvo que en el procedimiento se ha cometido un error, y aprovechó para arremeter contra la ministra de Fomento de la que dijo comete errores con "asiduidad".

Insistió en que la Abogacía del Estado está "al servicio de la señora Álvarez, igual que los aviones de la ministra de Defensa", a la que pidió que documentara cuantos aviones ha utilizado la señora ministra de Fomento para sus desplazamientos.

A juicio de la diputada del PP, Álvarez ha "manipulado" la misión de la Abogacía del Estado y ha "utilizado un bien común que pagamos todos". Finalmente, dijo que la decisión es la "hecatombe general" porque va a enfrentar al abogado del Estado contra la Secretaría General del Congreso que es la que tiene que defender la sanción de la Junta Electoral Central.