El portavoz del PNV en el Senado, Joseba Zubía, aprovechó la sesión de control al Gobierno para preguntar al ministro por los avances en el reconocimiento de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia.

Caamaño subrayó que actualmente cualquier ciudadano que resida en un territorio con lengua cooficial puede hacerla valer por escrito y en cualquier comunicación oral o trámite.

Para ello es necesario que el personal conozca esa lengua y, por ello, recordó que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el Estatuto del Ministerio Fiscal valoran como "mérito determinante" el conocimiento de esa lengua para ocupar plaza de juez, magistrado, secretario judicial, gestor y tramitador procesal.

En estos dos últimos casos, incluso es posible reservar plazas en las que el conocimiento de la lengua cooficial sea requisito de acceso.

Por ello, concluyó que el reconocimiento de esas lenguas está ya establecido en la legislación, y el Gobierno trabaja en estimular su uso. Sin embargo, precisó, una cosa es reconocer derechos y otra "imponer obligaciones que vayan más allá de los consensos necesarios".

Zubía denunció que los ciudadanos vascos siguen recogiendo notificaciones en castellano y cuando reclaman el euskera los procedimientos se retrasan o se suspenden por falta de intérpretes.

De hecho, reprochó al Gobierno que haya impugnado el decreto del Ejecutivo vasco que regulaba el uso del euskera en la administración de justicia dentro de las competencias trasferidas.

Ese decreto, respondió el ministro, vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional porque establece el conocimiento del euskera como requisito genérico para ocupar cualquier puesto.

En este sentido, se mostró convencido de que será posible sentarse con el nuevo Gobierno vasco, presidido por Patxi López, para llegar a un acuerdo sobre esa regulación.