Así se lo trasladó a los representantes de la Plataforma del Tercer Sector (PTS) en el marco de una reunión que mantuvo para potenciar las vías de colaboración con las entidades de acción social que están trabajando en las crisis que ha supuesto la DANA, especialmente en la provincia de Valencia, según precisó su gabinete en un comunicado.

“Tenemos que poner en marcha una red de protección social que permita dar respuesta a los efectos de esta crisis”, manifestó Bustinduy, al tiempo que reafirmó el “compromiso” del ministerio que dirige en “reforzar” las acciones que se están llevando a cabo sobre el terreno desde el primer día.

En esta línea, se mostró convencido de que la labor de la sociedad civil organizada ante la “catástrofe” que ha traído la DANA “ha sido y está siendo absolutamente encomiable” y de la importancia de contar en España con “un tejido asociativo fuerte, organizado y activo”, algo, a su juicio, “vital” para poder llevar a cabo una política social democrática “ambiciosa”.

Bajo esta premisa, Bustinduy resaltó que lo “prioritario” ahora es ofrecer una respuesta a las personas afectadas que sea “social, flexible, ágil y universal”, razón por la cual coincidió con las entidades del Tercer Sector en la necesidad de reducir la burocracia para que las víctimas puedan recibir ayudas.

REAL DECRETO

Por otro lado, Bustinduy reivindicó algunas de las medidas recogidas en el Real Decreto Ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros, como el incremento extraordinario en el IMV del 15% al importe mensual que tenga establecido cada beneficiario individual o unidad de convivencia en noviembre, diciembre y enero de 2025.

En cuanto a las ventajas para los hipotecados en zonas catastróficas, recordó que durante un período de tres meses no tendrán que pagar cuotas ni intereses y que durante los primeros tres meses de la moratoria no se generarán intereses por impago, lo que significa que no se incrementará su deuda.

En paralelo, mencionó las medidas de apoyo por daños personales y de vivienda y señaló que se incrementan “muy sustancialmente, cuatro veces más”, las cuantías previstas en la normativa vigente (RD 307/2005), con hasta 72.000 euros por fallecimiento e incapacidad y la flexibilización en el acceso eliminando el requisito de dependencia económica; 60.480 euros por destrucción total de la vivienda habitual; 41.280 euros por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual; 20.640 euros por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual, 10.320 euros por destrucción/daños a enseres y 36.896 euros por daños en elementos comunes en la comunidad de propietarios.

PLENO APOYO

En este contexto, Pablo Bustinduy transmitió a todas las entidades de acción social su “reconocimiento, agradecimiento y pleno apoyo” a su labor y a las iniciativas que están llevando a cabo sobre el terreno así como su “disponibilidad” para que haya una “colaboración estrecha” entre las administraciones públicas y la sociedad civil, de la mano de la participación ciudadana, algo que considera “un activo esencial” y que ahonda en su idea de fortalecer el Estado Social “para ofrecer un horizonte democrático que no deje a nadie atrás”.

“Frente a la DANA, la idea que vertebra toda nuestra acción es sencilla pero también es ambiciosa y es que las víctimas de esta catástrofe no pueden serlo también de la exclusión social”, advirtió en unas declaraciones remitidas a los medios al término de la reunión, consciente de la urgencia de poner en marcha y “garantizar por todos los medios” la existencia de una red de protección social “flexible, ágil, universal, suficiente que permita que se dé la respuesta a los efectos sociales de esta crisis”.

A este respecto, el ministro explicó que, “cuando hablamos del Estado social, estamos hablando precisamente de esto, de un horizonte democrático que no deje a nadie atrás”, para lo cual, a su entender, “la acción de la sociedad civil organizada, la participación ciudadana y la colaboración estrecha entre las administraciones públicas y la sociedad civil es un activo absolutamente esencial”.

“No se trata solo de intervenir desde el Estado hacia o para la sociedad, sino con la sociedad y, en ese sentido, la Plataforma del Tercer Sector juega un papel absolutamente esencial y vamos a ir de la mano, como no podría ser de otra manera, con todos y con todas ellas”, concluyó.

En el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, la PTS estuvo representada por su presidente, Luciano Poyato, así como por su presidente en Valencia y en él también estuvieron presentes representantes de organizaciones como Cruz Roja Española, Cáritas, ONCE, Cermi, EAPN y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y de otras plataformas como la del Voluntariado España y la de Organizaciones de Infancia.