Así lo defendió en una entrevista en RNE recogida por Servimedia y en la que aseguró que las reclamaciones de los nacionalistas son “algo positivo y también simbólico” en el marco de un proceso de reforma constitucional en torno al cual los grupos “aprovechan el cauce parlamentario para expresar demandas legítimas históricas que tienen, que comparten sus electores”.

“Creo que lo que intentan es participar de este proceso evidenciando que estas son prioridades políticas y que existe un deseo, un apetito, una voluntad de encaminarse hacia otras reformas constitucionales”, añadió, convencido de que se trata de “algo positivo” y que “en ningún caso enturbia el debate sobre el artículo 49, ni su resultado”.

Por lo que respecta a la oposición, afirmó que “el PP y la derecha española en general han tenido un problema discursivo con esta reforma” y “enormes problemas para articular políticamente el mensaje que se envía” a través de ella, que, a su juicio, es “un mensaje de acuerdo de país, de consenso, de avance en materias sociales” y que “no encaja bien” con su “planteamiento del boicot a la legislatura, del no a todo”.

“Yo creo que por eso es importante el mensaje que manda esta reforma, porque quiere decir que, frente a esos mensajes de ruido, de inestabilidad, de crispación, de imposibilidad política de alcanzar acuerdos, el mensaje que se manda es justo lo contrario: nos podemos sentar, podemos acordar, podemos encontrar el terreno común para ampliar derechos y ensanchar la agenda social”, apostilló.

TRANSFORMACIÓN DEL PARADIGMA

En este contexto, subrayó que dicha reforma, que, entre otras cuestiones, implicará la eliminación del término “disminuidos” y su sustitución por el de “personas con discapacidad”, representa una “transformación del paradigma de las políticas públicas” que, según su punto de vista, “va a suponer un hito” y “un antes y un después en cómo abordamos la realidad de lo que es la diversidad en España”.

Tras puntualizar que es “un compromiso firme que el Estado adquiere”, se mostró convencido de que, aunque “las palabras y cómo nombramos las realidades importan mucho”, no se trata de una reforma que “sencillamente vaya a aumentar o a reconocer los derechos de las personas con discapacidad”. "Es una victoria del país, porque nos hace una sociedad más justa, más igual y más abierta en su conjunto”, explicó.

En paralelo, aseveró que también es, “sin duda, un acto de justicia” con la “lucha” de las organizaciones de la sociedad civil que, recordó, “llevan más de 20 años reclamando este cambio”.

Asimismo, insistió en que esta reforma constitucional “no es el patrimonio de ningún partido”. “No es la reforma del Partido Popular, ni del PSOE, ni de Sumar ni de nadie, es una reforma de la sociedad civil, de las personas con discapacidad, de sus familias, de las organizaciones que llevan décadas peleando por esto”, agregó, para expresar que “por fin hoy esa movilización, esas demandas y esas reivindicaciones se van a plasmar en algo tan importante como la primera reforma de carácter social de la Constitución de 1978”.

NO ES UNA REFORMA BIPARTIDISTA

En este punto, criticó que PP y PSOE hayan querido “presentar” esta reforma como el resultado de “un acuerdo bipartidista entre ellos para hacer algo que han pactado ellos”. “Esto no es verdad”, advirtió, para hacer hincapié en que se trata de una reforma “que viene desde abajo y desde hace más de 20 años y que va a ser aprobada con un apoyo prácticamente unánime”.

“Por mucho que hayan intentado escenificar un acuerdo bipartidista, lo que va a suceder hoy, lo que está sucediendo esta semana, no es nada más que el reflejo en las instituciones de un consenso social, de un acuerdo social que es transversal y que ha movilizado a sectores de la sociedad muy diferentes y que cuenta con el apoyo político de grupos muy diferentes”, sentenció, para incidir en que “no es una reforma bipartidista”.

Según manifestó, la “gran lección” que extrae de este proceso es que, “cuando se escucha a la sociedad española, cuando se le permite participar, cuando las instituciones se abren, el mensaje que manda es bien claro: existen consensos transversales, amplios, rotundos de país para ampliar la agenda social y ensanchar los derechos sociales, más allá y por encima de las divisiones políticas, ideológicas o sociales”.

“Yo creo que los partidos tienen que tomar buena nota de esto y ser lo que deben ser, correas de transmisión de las demandas sociales”, abundó, consciente de que es posible “hacer otras reformas encaminadas a aumentar el bienestar y los derechos de la población” dado que, hasta ahora, España “ha tenido un Estado del Bienestar incompleto” que fue construido “muy rápido y de forma incompleta”.

Para Bustinduy, pese al “esfuerzo enorme” desplegado para construir un sistema público de salud, educación y pensiones, “la pata de los servicios sociales, el cuarto pilar del Estado del Bienestar ha quedado siempre infra desarrollada e infra financiada”, una situación que, a su juicio, “sería hora” de atajar.

“Si le preguntamos a los españoles y las españolas si esto debe ser una prioridad, si esto debe tener una especial protección constitucional, si se debe priorizar el gasto social sobre otras consideraciones, yo creo que habría un consenso transversal enorme para hacerlo”, manifestó, para avanzar que va a “dedicar los próximos cuatro años” a “conseguir que ese consenso que ya existe en la sociedad se convierta en políticas públicas”.