Así lo reivindicó durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta a una pregunta de la senadora de Unión del Pueblo Navarro María Mar Caballero sobre si el Ejecutivo piensa atender en la reforma de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia las demandas de las cuidadoras principales de reconocimiento legal y económico al trabajo que realizan cuidando de menores con discapacidad y mayores dependientes en el entorno familiar.

En el transcurso de su alocución, Bustinduy trasladó su “disposición” y su “invitación” a “todos los grupos parlamentarios” a que se “impliquen” en la tramitación de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y participen “de manera constructiva, activa” con el afán de que “el consenso sea lo mayor posible” y que las “garantías” también lo sean “para millones de personas en nuestro país”.

“Esa sería la mejor contribución que se puede hacer a las familias españolas y a quienes enfrentan la difícil tarea de asumir los cuidados en el entorno familiar”, resolvió, al tiempo que afirmó que, “desde el luego, la puerta del ministerio va a estar abierta” a “todos” los grupos políticos que “quieran contribuir” a “mejorar” el sistema de atención a la dependencia y avanzó que el Gobierno “no va a hacer otra cosa que perseguir el interés general”.

Tras “agradecer” a la senadora su interés por “visibilizar” la “realidad” que, a su juicio, “enfrentan” las cuidadoras principales en España, indicó que “no se puede abordar de manera aislada, sino dentro del conjunto del sistema de cuidados en nuestro país”.

HISTÓRICAMENTE RELEGADO

En esta línea, señaló que el “trabajo de cuidar” ha quedado “históricamente relegado” a las “esferas no monetizadas” de la economía, al trabajo no remunerado que realizan “esencialmente las mujeres” con las “consecuencias que ello implica”. “Es decir, que no se ha reconocido su valor social, que no se ha visibilizado siquiera y que no se ha retribuido económicamente a pesar de resultar absolutamente esencial para el mantenimiento de nuestra sociedad”, apostilló.

A este respecto, subrayó que se trata de “un problema estructural, sistémico”, que, según su criterio, “requiere un cambio profundo” en las políticas públicas, “pero también en los valores y prioridades que nos definen como sociedad” con el fin de “reconocer” el “papel social” de los cuidados, “dignificarlos, repartir la carga de trabajo que conllevan y hacerla viable y sostenible”.

“Es lo que estamos intentando impulsar desde el ministerio”, aseveró, al tiempo que citó como ejemplo medidas como el aumento de la cuantía de la prestación de cuidados en el entorno familiar o los cambios introducidos en la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad que incluirán la eliminación de la incompatibilidad entre prestaciones y del "periodo suspensivo" que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy para el reconocimiento de la prestación de cuidados en el entorno familiar.

En este punto, juzgó “evidente” que “queda muchísimo por hacer” y advirtió de que a él no le van a “ver nunca negando las dificultades que enfrentan muchas familias en España y también las que enfrenta el sistema de atención a la dependencia”. “Las conozco bien y trabajo cada día para poder afrontarlas”, abundó.

"SÉ MUY BIEN DÓNDE ESTOY"

“Yo sé muy bien dónde estoy. Yo podría preguntarle a su grupo político dónde estaban ustedes cuando se recortaron 5.000 millones de euros del sistema de atención a la dependencia en España, incluido el convenio especial de cotizaciones para cuidadoras familiares que fue suprimido en el año 2013 y solo se recuperó con el cambio de Gobierno en el año 2018; 2.250 millones de recortes en la red de protección social mínima e imprescindible para las personas que más lo necesitan”, sentenció.

En la misma línea, denunció que la política de recortes del PP “desmanteló” el sistema de atención a la dependencia e hizo hincapié en que el Ejecutivo central está “intentando levantarlo y proyectarlo hacia el futuro”.

“No solo con la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, también con la reducción de jornada, con la mejora de las condiciones de conciliación de las familias, de las condiciones laborales de millones de personas”, agregó, convencido de que “todo esto influye en la carga del trabajo de cuidados”.

Por su parte, la senadora de UPN incidió en el “profundo malestar” que ha generado en la Plataforma estatal de cuidadoras principales la presentación del anteproyecto de reforma de la Ley de Dependencia, que, dijo, “lamentablemente no recoge” las “propuestas” que este colectivo “trasladó” al ministerio.

JUSTICIA, NO PRIVILEGIOS

“Las cuidadoras principales no piden privilegios, exigen justicia. Lo que reclaman es una reforma profunda del sistema de atención a la dependencia desde una perspectiva de justicia social, equidad de género y sostenibilidad”, prosiguió, al tiempo que recordó que también “exigen” y, a su entender, “con razón”, el “reconocimiento institucional, económico y social” de su labor como cuidadoras familiares que son “un pilar esencial en la red de cuidados de nuestro país”.

Por último, preguntó al titular de Derechos Sociales si un gobierno progresista “puede seguir dando la espalda” a un colectivo “tan numeroso como esencial para la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar” y quiso saber si está “dispuesto” a introducir en la reforma de la Ley de Dependencia las demandas “legítimas” de las cuidadoras principales.