Esta normativa busca “aterrizar” y “convertir en política pública” el nuevo artículo 49 de la Constitución (aquel que suprimió el término ‘disminuido’ y que consagró el deber de los poderes públicos de promover la inclusión de estas personas y de garantizar su participación en entornos universalmente accesibles), por lo que Bustinduy urgió a “hacerlo real” cuanto antes “en la vida de millones de compatriotas con discapacidad”.

En su opinión, “2024 pasará a la historia” por este cambio constitucional que “situó a España a la vanguardia mundial en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad”.

“No se trata solo de un cambio simbólico y cosmético”, prosiguió, sino que “invita a los poderes públicos” a garantizar estos derechos. Por eso, añadió, “debemos hacer real este mandato en la vida de los millones de compatriotas” con discapacidad, prosiguió, a fin de “mejorar sus condiciones de vida”.

De hecho, Bustinduy confesó que le habría gustado “poder presentar (el anteproyecto) en el acto institucional por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, algo que no pudo ser porque “la tramitación dentro del Gobierno va más despacio de lo que nos gustaría”.

Sin embargo, se mostró convencido de que, “igual que sucedió con la reforma constitucional o con la ‘ley ELA’, obtendrá un consenso trasversal y absoluto”. Entre “las muchas medidas” que el anteproyecto contiene, Bustinduy destacó “la consagración del principio de accesibilidad universal como derecho”, que deberá aplicarse en “entornos, servicios públicos, viviendas y edificios públicos”.

En su opinión, la accesibilidad transversal debe ser cardinal dentro de la nueva ley, que “verá la luz más pronto que tarde”.

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Bustinduy también apeló al compromiso de las empresas, a las que invitó a garantizar “la Inclusión de las personas con discapacidad a través del empleo y de la accesibilidad de los puestos de trabajo”. Reclamó que las personas con discapacidad “cuenten con las medidas de accesibilidad necesarias “ para poder desarrollar su desempeño laboral de manera “óptima y saludable”.

A su juicio, “la accesibilidad universal no es solo una obligación normativa, sino también una oportunidad para construir un país más justo que garantice que toda persona, sin excepción, sea ciudadana de pleno derecho”. Este compromiso forma parte del II Plan Nacional de Accesibilidad Universal, presentado en el propio acto con un vídeo dirigido a las, empresas.

En esta misma línea, Bustinduy defendió que la accesibilidad universal sea también “una realidad” en materia de Consumo porque “una actividad tan cotidiana como comprar, devolver o reclamar un producto no debe convertirse en una carrera de obstáculos para una persona con discapacidad”. Sobre esta cuestión, aludió al proyecto de ley para regular los servicios de atención a la clientela, que actualmente se encuentra en fase de enmiendas en el Congreso.

Entre sus objetivos, figura que las empresas “tengan en cuenta a las personas con discapacidad e incorporen la accesibilidad en sus canales de atención y reclamación”, afirmó. Además, su departamento trabaja para que en 2025 vea la luz un real decreto que regulará el etiquetado accesible y también la primera guía sobre consumo inclusivo, que ofrecerá pautas sobre esta cuestión.

El acto institucional estuvo presidido por la reina Letizia y a él asistieron Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, y Ana Redondo, ministra de Igualdad. Celebrado en el Ceapat (Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas), también acudieron Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), y Jesús Martín, director general de Derechos de Personas con Discapacidad.