La primera de estas reuniones será con la Plataforma del Tercer Sector y tendrá lugar a partir de las 11.00 horas en la sede de la Delegación del Gobierno en Valencia, según avanzó su Ministerio.

El encuentro de este martes, al que seguirá otro con representantes del Consejo Estatal del Trabajo Social, es el segundo que Bustinduy mantiene tras la DANA con la Plataforma del Tercer Sector, a cuyos representantes ya trasladó el pasado día 6 en Madrid su “plena disponibilidad” y su “compromiso” de “hacer cuanto esté” en su mano para “reforzar” las acciones que las entidades sociales están llevando a cabo sobre el terreno y “coordinarlas de la mejor manera posible” con la “tarea que tienen por delante” las administraciones públicas así como ofrecer una respuesta a las personas afectadas que sea “social, flexible, ágil y universal”.

El Gobierno aprobó el pasado día 11 en Consejo de Ministros su segundo Real Decreto Ley dirigido de forma específica a atender la situación de emergencia ocasionada por la DANA y por el que el Ejecutivo destinará ayudas por valor de 50 millones de euros a los ayuntamientos de las zonas arrasadas para “reforzar” sus servicios sociales.

Esta es una de las medidas incluidas en esta normativa por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a iniciativa de su titular que inciden “directamente” en las áreas que dirige y con la que puso en marcha lo que denominó como ‘Red de protección social’ para las personas afectadas por la DANA.

POBREZA SOBREVENIDA

El objetivo, tal y como manifestó Pablo Bustinduy, es que los servicios sociales dispongan de los recursos necesarios para atender todas las situaciones de pobreza sobrevenida que, según lamentó, ha generado esta catástrofe y que se van a traducir también en situaciones de “privación material y riesgo severos de exclusión social para miles de personas”.

Junto a ello, el ministro de Derechos Sociales incorporó en este Real Decreto Ley una concesión directa de cinco millones de euros a la Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades en toda España, como Cruz Roja, Cáritas, Cermi o la Plataforma del Voluntariado, muchas de ellas con implementación en la Comunidad Valenciana.

A este respecto, Bustinduy señaló que todas ellas, así como las entidades locales, están siendo un “actor fundamental” en la emergencia para que la ayuda llegue “a todos los rincones”, por su capacidad de “activar y organizar” a la sociedad y por su “flexibilidad para asegurar la ayuda”.

TRABAJO SOCIAL

En el Real Decreto Ley se contempló, además, una concesión directa de 700.000 euros al Consejo General de Trabajo Social para el despliegue del Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales en los municipios afectados.

En el área de los Derechos Sociales, este Real Decreto Ley recoge también subvenciones directas de emergencia a protectoras de animales, siendo la primera vez en la historia que se aprueban ayudas de este tipo, con una dotación de 390.000 euros.

En materia de Consumo, el ministro introdujo un artículo que prohíbe a los servicios funerarios ofrecer precios superiores a los vigentes o los anunciados con anterioridad al 28 de octubre de este año.

Por otro lado, Derechos Sociales plasmó en este Real Decreto Ley la flexibilización del plazo para tramitar subvenciones a proyectos de entidades del Tercer Sector que se hayan visto afectados, tanto en su ejecución como en su justificación, bien porque sus instalaciones hayan sufrido daños, porque haya afectado a sus trabajadores, porque sus plantillas están mermadas o porque han relegado esos proyectos para colaborar con las tareas de emergencia.

En paralelo, la cartera que dirige Pablo Bustinduy ha movilizado tres millones de euros para sufragar obras que permitan reconstruir las infraestructuras que facilitan la accesibilidad a personas con discapacidad en viviendas particulares o en edificios y que han quedado dañadas como consecuencia de la DANA así como para la compra de materiales como sillas de ruedas o audífonos, por ejemplo, que hayan sufrido daños o pérdidas durante esta catástrofe natural.

PROTECCIÓN SOCIAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

En este contexto, durante su comparecencia, el pasado jueves, en el Congreso de los Diputados en el seno de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Bustinduy anunció que está trabajando en la elaboración de un Plan de Protección Social ante el Cambio Climático para “reforzar” la acción del Estado frente a desastres como el ocasionado por la DANA en la provincia de Valencia.

Este plan constará de tres puntos: análisis y diagnóstico de cómo el cambio climático incide en situaciones de vulnerabilidad, refuerzo de los servicios sociales para hacer frente a situaciones como la provocada por la DANA para la atención “especifica e integral” de la población “vulnerable”, e incorporación de las medidas de protección social a las acciones puestas en marcha por el Estado contra el cambio climático.

Por último, en el transcurso de su comparecencia, Pablo Bustinduy adelantó también que pondrá en marcha el Plan de Aceleración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, iniciativa que estará focalizada en cinco ejes prioritarios, como son la protección social para acabar con la pobreza y la desigualdad; la transición justa para abordar la crisis climática y ambiental; los derechos laborales para acabar con la precariedad, la acción contra la crisis de los cuidados y una fiscalidad “más justa” para garantizar “derechos”.

El ministro forma parte de la Comisión interministerial para el desarrollo de medidas urgentes para el territorio afectado por la DANA y del grupo de trabajo conjunto Gobierno-Generalitat sobre Servicios Sociales y Vivienda.