Así lo aseveró Bustinduy en declaraciones a los medios previas a su participación en la reunión del Consejo Territorial Ordinario de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en referencia al presunto asesinato de una educadora social en un piso tutelado de Badajoz.

“Es evidente que, no solo en este ámbito, sino en todas las profesiones vinculadas a los servicios sociales, al trabajo social, al trabajo de los cuidados, hay un problema estructural de precarización y de infravalorización social. Esto pasa en todos los ámbitos”, apostilló, convencido de que esta circunstancia “tiene que ver, además, con una cuestión que es que, tradicionalmente, ha sido un trabajo que ha sido invisibilizado”.

Y ello, “porque lo realizaban las mujeres, porque no estaba monetizado, porque no se remuneraba”. “Y, por tanto, desgraciadamente, irrumpe en la agenda pública esta evidencia en situaciones tan dramáticas y tan insoportables como la que hemos vivido esta semana”, lamentó.

A este respecto, consideró que “debe ser una política de Estado que las profesiones y el trabajo vinculado a las políticas sociales y a la política de cuidados figure como una de las primeras prioridades que mejoren sus condiciones salariales, sus condiciones profesionales y su reconocimiento social”.

En la misma línea, reivindicó que la labor que realizan “es imprescindible en nuestra sociedad” convencido de que “esta sociedad no aguantaría 24 horas sin el trabajo que realizan, además, de forma mayoritaria mujeres que están mal pagadas y que trabajan en condiciones salariales y profesionales inaceptables

“Y, por tanto, por supuesto que este ministerio va a defender una mejora generalizada de las condiciones laborales en el sector del Trabajo Social y de los cuidados”, concluyó.