Así lo precisó durante una entrevista en la Cadena SER recogida por Servimedia y en la que quiso “aclarar” que Consumo “en ningún caso” ha “facilitado” el nombre de la plataforma investigada “porque así lo prevé la ley y no podría ser de otra manera”.

Tras asegurar que su departamento “respeta escrupulosamente” la normativa, Bustinduy explicó que el expediente sancionador abierto está basado en la “negativa” de la compañía a retirar anuncios que “podrían contener publicidad ilícita”.

“Lo que esperamos a partir de ahora es que se subsanen esas conductas y, a lo largo del procedimiento, si se puede probar que se ha infringido la normativa que defiende los intereses y los derechos de los consumidores, el Ministerio de Consumo va a hacer lo que le corresponde, que es actuar para asegurarse de que esos derechos se respetan y de que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, esté por encima de la ley”, apostilló.

Preguntado por el plazo del que dispone la plataforma para rectificar, el ministro puntualizó que, “sobre los detalles concretos” de un expediente, él no se puede “pronunciar en ningún caso” y que tiene que “ser muy prudente respecto a eso”.

SANCIONES

“En todo caso, el expediente sancionador está basado en el incumplimiento de ese requerimiento de retirar esos anuncios que podrían contener publicidad ilícita y, por tanto, lo que se le pide a la plataforma es exactamente lo mismo: que retire esos anuncios y, en el caso de que se pueda probar que la conducta que ha seguido hasta ahora es ilícita, evidentemente, se adoptarán las medidas necesarias bajo la forma de sanciones”, agregó.

En relación a si su cartera tiene calculados porcentualmente cuántos pisos “irregulares” pueden aparecer en esta plataforma, el titular de Consumo recordó que “ya hay administraciones que lo han reconocido públicamente” y citó el caso de Madrid, cuyo alcalde “reconoció que el 90% de los pisos turísticos que operan en la ciudad son ilegales”.

“Creo que esto debe llevar a una reflexión conjunta, colectiva, sobre la proliferación descontrolada de los pisos turísticos y sobre por qué se ha producido esta tolerancia por parte de todas las administraciones hasta ahora”, deslizó, convencido de que “en ningún sector o actividad económica aceptaríamos como normal que el 90% de esa actividad se realizara en condiciones de ilegalidad o de alegalidad”.

“Imaginemos un bar, un restaurante sin licencia; sería un escándalo que eso se generalizara”, expresó, razón por la cual y ante “una cuestión tan sensible como el derecho a la vivienda”, a “sabiendas” del “efecto” que tiene la concentración de pisos turísticos sobre los precios del alquiler y el “vaciamiento” de los barrios y de los centros de las ciudades, estimó que “es hora de tomar cartas en el asunto y de actuar, de intervenir”.

En este punto, consciente de que “hay muchos beneficios en este sector”, aseveró que “no puede ser que los intereses económicos colisionen con los derechos de las personas que viven y trabajan en las ciudades”.

MINISTERIO DE VIVIENDA

En ese contexto, cuestionado por las declaraciones de la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, en las que afirmó que él “está haciendo aquello a lo que no se atreve la ministra de Vivienda”, el responsable de Consumo destacó que lo que está haciendo su departamento es, “en el ámbito de sus competencias”, hacer “todo lo posible” para “responder a una abrumadora demanda social de la ciudadanía”, que “coloca el problema de la vivienda como la primera preocupación de las mayorías sociales y trabajadoras”.

“Porque la vivienda se ha convertido en un factor de exclusión social y de pobreza para los trabajadores en España; es un problema de primera magnitud”, abundó, para reiterar que, dentro de las competencias que tiene el Ministerio de Consumo, que, dijo, “son limitadas”, ha “asumido” la investigación y ahora un expediente sancionador por la publicidad “presuntamente ilícita” de pisos turísticos, “también a las grandes gestoras de pisos y también a las inmobiliarias”.

Sobre si Vivienda no está haciendo “lo suficiente”, Bustinduy insistió en que la posición de Sumar en este ámbito “es pública y notoria y es que hay que hacer más”. “Hay que intervenir el mercado de la vivienda, porque está secuestrado por lógicas rentistas y especulativas que están imponiendo los intereses de una minoría, de unos pocos que se están haciendo ricos a costa del derecho a la vivienda de las mayorías”, sentenció.

“Creemos que hay que hacer más, que el Gobierno tiene que intervenir políticamente el mercado de la vivienda”, subrayó, para manifestar que el Ministerio de Consumo, “dentro de lo que puede hacer con sus competencias”, está “intentando por lo menos garantizar que la ley se respeta” y que los derechos de los consumidores y los usuarios “no se violentan en favor de los intereses de unas pocas multinacionales”.