Así lo precisó Bustinduy en una entrevista en laSexta recogida por Servimedia y en la que aseveró que las inmobiliarias que estén haciendo su trabajo “conforme a la normativa” y “cumpliendo la ley” no tienen “absolutamente nada que temer”.

“Quien esté incurriendo en prácticas ilegales o ilícitas, pues sí tiene algo que temer y el mensaje que enviamos desde hoy es que en España la ley se cumple, es igual para todos y debe cumplirse”, abundó, al tiempo que, al tratarse de una investigación “en curso”, declinó “entrar en los detalles de cuántas son” las empresas afectadas.

No obstante, matizó que dicha investigación tiene el “propósito muy claro” de “que se aplique la ley, que se aplique la normativa”, consciente de que prácticas como cobrarle a un inquilino los gastos de formalización de un contrato “son ilegales y se siguen haciendo”.

“Como, por ejemplo, pedir fianzas desproporcionadas o como recurrir a contratos temporales sin probar la causalidad de esa temporalidad para sortear las regulaciones de la Ley de Vivienda”, agregó, convencido de que “esto no puede ser”.

HACER EFECTIVO UN DERECHO

En este sentido, hizo referencia a los “cientos de miles de personas en toda España” que se han manifestado “reclamando que se haga efectivo el derecho a la vivienda” e incidió en que, desde su gabinete, van a “asegurar que se cumpla la ley y que no haya impunidad y que deje de haber abusos para los inquilinos”.

“Yo he actuado en cuanto he podido”, admitió, al tiempo que reiteró que “el objetivo y el mensaje que se envía hoy es bien claro: hay que poner orden en el mercado del alquiler y acabar con la impunidad y las empresas tienen que respetar la ley”.

El ministro manifestó que “es algo tan sencillo como eso” y puntualizó que, con esta investigación, pretende sancionar los “comportamientos ilícitos” en esta materia y “enviar un mensaje muy claro”, en referencia a la necesidad de “cumplir la ley y respetar los derechos de inquilinos e inquilinas”.

A este respecto, afeó que algunas inmobiliarias “intentan camuflar el cobro ilegal de esos gastos de formalización de un contrato” con conceptos “extemporáneos o raros”, como pedir “que se paguen más de tres mensualidades de fianza por adelantado” o que al inquilino “le ofrezcan un contrato temporal, cuando lo que se está suscribiendo es un contrato normal”.

LEY DE LA SELVA

“Estas cosas son el resultado de que haya regido esta especie de ley de la selva en el mercado inmobiliario en España y en el mercado de la vivienda, que está funcionando como una aspiradora de riqueza social”, defendió, para, a continuación, denunciar que se trata de “una fuente de abusos, de especulación y de rentismo, que lo está diciendo la ciudadanía, es insostenible”.

En la misma línea, criticó la “lógica especulativa y extractiva” de quienes se “aprovechan de una situación de emergencia nacional, de una situación dramática", que es la que, lamentó, "viven millones de españoles con el tema de la vivienda", para "intentar lucrarse sin límite”, algo que juzgó “un escándalo que no se puede aceptar”.

“Este tipo de comportamientos son absolutamente inaceptables y, frente a ello, como está reclamando la gente en la calle, el Gobierno tiene que actuar e intervenir de manera decidida”, abundó, al tiempo que estimó que el dado este lunes es “un pasito que tiene que ver con una situación sangrante”, consciente de que “hay que hacer mucho más”, como “intervenir" el mercado para bajar los precios de los alquileres, prohibir la especulación con la compraventa de viviendas en las zonas tensionadas o "acabar de una vez" con los pisos turísticos ilegales que, con la "connivencia" de "todas las administraciones", están "vaciando nuestras ciudades y restringiendo todavía más la oferta disponible".

En este punto, Bustinduy volvió a afear que los gobiernos autonómicos del Partido Popular “se niegan” a aplicar la Ley de Vivienda y llamó a intensificar la “presión social y política”, convencido de que existen “recursos suficientes para que tengan que rectificar esta decisión que toman contra los intereses y el bienestar de las mayorías trabajadoras en España”.

“Hay que intervenir desde lo público y con toda decisión y por eso hemos planteado bajar los alquileres, atajar la especulación y acabar con los pisos turísticos ilegales”, agregó, convencido de que “es algo que se puede hacer y que tendría un efecto inmediato”, por lo que dijo “esperar” que en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado Sumar pueda “cristalizar” dichas medidas.