Así lo manifestó durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó un informe presentado por el ministro y que será remitido a las Naciones Unidas con el objetivo de que España, representada por el propio Bustinduy, se someta por tercera vez al Examen Nacional Voluntario para la Agenda 2030 en la tercera semana de julio, siendo el país que más veces ha evaluado sus compromisos.

“En un momento en el que la agenda está siendo demonizada y convertida en un chivo expiatorio es muy importante defenderla”, aseveró, para considerar que “es muy importante explicar que la Agenda 2030 habla de cuestiones tan fundamentales como vivir en paz, sin temer a la guerra, al hambre o a la enfermedad; de respirar aire limpio; del acceso universal a la educación; de la igualdad entre hombres y mujeres y de combatir la desigualdad entre clases sociales”.

Tras indicar que, “en definitiva, habla de un futuro capaz de ofrecer certezas en lugar de angustias”, explicó que, “si hay una palabra que resume” el informe que España va a presentar ante las Naciones Unidas es “compromiso con estos objetivos”.

En este punto, avanzó que “lo va a hacer presentando, por una parte, todos los hitos que se han logrado en condiciones muy difíciles en estos años en España”, en referencia a la “reducción de la desigualdad, reducción de la desigualdad de género, protección de los derechos laborales, transición energética y ecológica e inversión histórica en ciencia y educación”.

PRINCIPALES RETOS

Junto a ello, expondrá los "principales retos" que, a su entender, "tenemos por delante como país”, entre los que citó “atajar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, los desafíos que presenta la transición ecológica y tecnológica, la crisis de los cuidados, la precariedad laboral o la equidad y la justicia del sistema fiscal”.

Bustinduy subrayó que en este informe han participado los 22 ministerios, todas las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, la sociedad civil por medio del Consejo de Desarrollo Sostenible, el INE y el Instituto Nacional de la Administración Pública.

“Es decir, es un esfuerzo coral y conjunto de país que busca, precisamente, poner a España en el lugar que le corresponde como referente de políticas en favor de los derechos humanos y por la consecución de los ODS”, resolvió.