Así lo defendió en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que aseveró que, desde su gabinete, trabajan para “garantizar” que la “reconstrucción y reactivación no sean solo materiales, sino también sociales”.

“El mayor despliegue militar en tiempos de paz tiene que ir acompañado también de un gran despliegue de protección social”, abundó, al tiempo que quiso “destacar” seis medidas del plan aprobado por el Ejecutivo que, a su juicio, “muestran”, en materia de derechos sociales y consumo, su “voluntad de acompañar a todas las personas afectadas”.

A este respecto, el ministro, que este lunes, junto a la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, se reunió con la vicepresidenta segunda y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, en la primera toma de contacto del grupo de respuesta inmediata de servicios sociales y vivienda anunciado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, recordó que se ofrecerán ayudas económicas de emergencia y otras prestaciones de urgente necesidad, de forma “ágil y directa”, e hizo referencia al incremento “extraordinario” en la prestación de Ingreso Mínimo Vital, del 15%.

En paralelo, subrayó que se suspenden los plazos para ejercer derechos contractuales durante tres meses y que se exime a las partes implicadas de cumplir con contratos “imposibles de ejecutar” por la DANA, incluyendo la cancelación sin penalización de contratos de transporte por parte de las personas consumidoras.

MÁS MEDIDAS

Además, se asimilan las incapacidades temporales surgidas como consecuencia de la DANA a las condiciones del accidente de trabajo y se amplían las ayudas para entidades locales para actuaciones inaplazables para garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de servicios públicos esenciales.

“Son apenas unos primeros pasos para reforzar el paradigma que vimos con la gestión de la pandemia, también con el volcán de La Palma”, reiteró, al tiempo que afirmó que, ante “crisis que multiplican la vulnerabilidad y las desigualdades”, la respuesta “debe ser pública, solidaria y común”.

“Una red de protección social ágil, flexible y universal. En eso estamos desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030”, agregó, convencido de que “no podemos permitir que las víctimas de la DANA lo sean también de la exclusión social”.

En este contexto, en un mensaje publicado en sus redes sociales, advirtió de que “el desafío no es sólo la reconstrucción material, es hacerlo afianzando una red pública de protección social que no deje a nadie atrás”.