A él asistieron los presidentes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y del Grupo Social ONCE, Luis Cayo Pérez Bueno y Miguel Carballeda, respectivamente, así como otros dirigentes de entidades del sector.

Según el ministro, el anteproyecto para reformar la Ley General de Discapacidad y la de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia “persigue precisamente” este objetivo. La propuesta normativa, aprobada este martes en Consejo de Ministros, “consagra los principios de no discriminación y de protección reforzada a mujeres y menores con discapacidad”, subrayó, en línea con el mandato constitucional.

Además, prosiguió, la reforma prevé crear un Fondo Estatal para la Promoción de la Accesibilidad Universal; modificar la Ley de Propiedad Horizontal para reforzar la obligación de ejecutar obras de accesibilidad en edificios de viviendas donde habitan personas con discapacidad, y poner en marcha un “banco público de productos de apoyo”. Dijo que esto supone “desplegar los principios de accesibilidad y de promoción de la autonomía personal” que recoge el nuevo artículo 49.

CONSENSO

En su opinión, la reforma constitucional aprobada hace un año “nos lleva a una triple reflexión: la importancia de la sociedad civil en la construcción democrática; la relevancia del elemento jurídico para hacer avanzar la sociedad y el poder del consenso”. En este punto, Bustinduy puso en valor “el amplio consenso” que obtuvo la reforma de la Constitución , que confió en repetir a la hora de sacar adelante la modificación de las leyes de discapacidad y de dependencia.

Defendió que “entonces el consenso se construyó”, así que “ahora” también es posible “llegar a un gran acuerdo” en el Parlamento sobre su propuesta de reforma. “El consenso no es la ausencia de conflicto. Nace de la confrontación de ideas y se llega a él” a través de un proceso.

De hecho, “alcanzarlo no significa renunciar a una idea”, argumentó, sino “llevarla hasta sus últimas consecuencias y poder aplicarla en la realidad”. Así sucedió con la reforma de la Constitución hace un año, por lo que “ya es hora de desplegar este artículo”, insistió.

A su juicio, “tenemos la tarea de aterrizarlo en la vida cotidiana de las personas con discapacidad”. “Cada paso que demos en este camino será insuficiente”, pero “absolutamente necesario”, concluyó.

VALOR DEL LENGUAJE

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, resaltó que el 18 de enero de 2024 “la ultraderecha votó en contra” de reformar este artículo. “Debía parecerles bien” que “se llamase ’disminuidos’ ” a las personas con discapacidad, y sostuvo que “el lenguaje nunca es inocente”.

Supone la mejor muestra “del grado de evolución de una sociedad”. “Ni mongólicos ni subnormales ni disminuidos. Ni siquiera discapacitados”. “Son ciudadanos a los que hay que tratar en plano de igualdad. Es más, con equidad efectiva”, declaró Torres, En su opinión, la reforma del artículo 49 “vino a corregir una anomalía que había durado demasiados años” y a “saldar una deuda histórica”.

Introdujo el acto el director general de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Martín Blanco, quien defendió el anteproyecto de reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia.

A su entender, servirá para aterrizar “los derechos y libertades que se nos reconocieron hace un año”. “La libertad se reivindica, se celebra y también se pelea”, declaró. Por eso, confió en que este acto sirva como “ejercicio de memoria” para “no olvidar” los logros alcanzados y “no repetir errores”.

Martín Blanco moderó una mesa redonda en la que participaron cuatro mujeres con discapacidad: Elena Congost, atleta paralímpica con discapacidad visual; Fefa Álvarez, experta en accesibilidad y asesora del Consejo Nacional de Discapacidad; Vicky Bendito, periodista y activista, y María Luz Esteban, directora del Centro de Normalización de la Lengua de Signos Española.

Durante el debate, las participantes destacaron “todo lo que queda por hacer” en temas como la sensibilización sobre discapacidad en el conjunto de la ciudadanía; la educación inclusiva; la accesibilidad universal en servicios esenciales como la sanidad o la administración de justicia; la formación en derechos a las propias personas con discapacidad; el fomento del activismo; la consideración de la discapacidad como un elemento trasversal en todas las normas, o la inclusión social de la infancia con esta condición. Según Martín Blanco, el ministerio trabaja en todos estos ámbitos y son, de hecho, aspectos recogidos en el anteproyecto de reforma que pretende sacar adelante.