Así lo precisó la organización en un comunicado emitido tras la reunión mantenida por la Junta Directiva de Plena inclusión con el titular de Derechos Sociales, en el marco de la cual le entregó un documento en el que, diez días después de la aprobación por el Consejo de Ministros de la ‘Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: Un proceso de desinstitucionalización (2024-2030)’, demanda un “ajuste realista de las ayudas públicas al sector que apoya a las personas en situación de vulnerabilidad”.

A este respecto, la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, explicó que, en el marco del encuentro, le pidieron “que el Gobierno trabaje, junto a las comunidades autónomsa, para lograr un Pacto de Estado que garantice la sostenibilidad y dignificación del sector de apoyos y cuidados, que sufre un deterioro preocupante en la calidad de los servicios que damos a las personas que más los necesitan”.

“Es una propuesta acordada por la Junta Directiva ante la preocupante situación que pone en peligro real los apoyos concretos de cientos de miles de personas en España”, abundó.

Según la organización, el ministro Pablo Bustinduy “ha recogido el guante lanzado por Plena inclusión respecto a la sostenibilidad de las organizaciones, reconociendo que una mejor financiación del movimiento asociativo es uno de los retos que asume el Gobierno”, aunque “reconoce” que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado “supone un obstáculo para que se aporten los recursos que se necesitan”.

PROYECTOS PILOTO

En paralelo, Bustinduy también destacó el valor de proyectos piloto de desinstitucionalización, apoyados por su ministerio y financiados con fondos europeos, como ‘Mi casa: una vida en comunidad’, desarrollado por Plena inclusión, al tiempo que puntualizó que, para el cambio de modelo, el Ejecutivo necesitaba “conocimiento” y lo ha logrado, consciente de que el siguiente paso es “conseguir el acuerdo con las comunidades autónomas".

En la reunión, mantenida antes de la celebración de la Asamblea General de la confederación que agrupa a 950 asociaciones que apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y a sus familias, también participó el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, quien anunció que el gabinete de Bustinduy va a contar con personas con discapacidad participando en sus órganos consultivos.

Además de al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la presidenta de Plena inclusión España entregó el posicionamiento, aprobado por su Junta Directiva, que pide un Pacto de Estado para la Dignificación del Sector, al presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez-Bueno, que intervino, al igual que el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, en la Asamblea General de Plena inclusión.

En esta cita también participaron otras organizaciones del ámbito de la discapacidad, como Cocemfe.

Por otro lado, Plena inclusión España anunció que este posicionamiento se va a compartir, en los próximos días, con el resto de las organizaciones y plataformas del Tercer Sector y del ámbito de la discapacidad, así como con otras instituciones públicas.

PACTO DE ESTADO

Este documento que recibe el nombre de ‘Por un Pacto de Estado por la Dignificación del sector de los apoyos y cuidados’, hace hincapié en la “sangrante” precariedad que sufren las profesionales de este sector, con unas condiciones laborales cada vez peores.

“Esta situación genera fuga de profesionales y desincentivación”, denuncia un texto que también constata “una brecha cada vez mayor en las condiciones laborales que tienen las profesionales del sector público y las del ámbito asociativo”.

CAMBIOS ESTATUTARIOS

En la Asamblea General de Plena inclusión, que coincide con la celebración del 60 aniversario de su creación, también se anunció la aprobación por consenso en una Junta Directiva extraordinaria de una modificación histórica de sus Estatutos.

Destaca, entre todos los cambios que han recibido el refrendo de la mayoría, la puesta en el centro de la misión de la confederación a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Ellas pasan a compartir con sus familias el protagonismo en la tarea por conseguir los objetivos que se plantea la confederación en la misión que se ha marcado.