Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Bustinduy respondió a una pregunta sobre la “crítica situación” del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Pozoblanco (Córdoba), planteada por la parlamentaria popular Cristina Casanueva.

Según Bustinduy, su Ministerio ha iniciado un proceso de diálogo para integrar” los once centros de atención a personas con discapacidad del Imserso, dependientes por tanto del Estado, en “el sistema de servicios y cuidados único” de las comunidades, que en la actualidad ostentan “la competencia exclusiva” en atención social.

“Estamos a la espera de que la Junta de Andalucía manifieste una respuesta”, aseguró, “tanto en lo referido al CAMF de Pozoblanco como al de San Fernando”.

Sin embargo, Bustinduy consideró que “tomarse en serio la discapacidad y la política social exige coherencia”, en referencia a los pactos del PP con Vox y a su negativa a negociar con el Gobierno. “Ustedes en media España están con Vox”, que votó en contra de la reforma del artículo 49 de la Constitución para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, le espetó.

Además, “se han opuesto a la condonación de la deuda autonómica”, que podría aumentar la posibilidad de gasto social, y “se niegan siquiera a sentarse para negociar unos Presupuestos” que pondrían a disposición de los gobiernos autonómicos muchos más recursos.

En su intervención, Casanueva criticó con dureza la situación del CAMF de Pozoblanco, que “sus trabajadoras y usuarios denuncian a diario con manifestaciones” en las puertas del centro. Hay 35 vacantes sin cubrir, 57 trabajadoras que se jubilarán en los próximos cuatro años, y hasta 65 con 60 años, denunció.

“A ustedes se les llena la boca hablando de derechos”, acusó Casanueva, pero “la verdad es que se dedican a pagar peajes ante la extorsión de determinados territorios". “Están cambiando las necesidades de las personas con discapacidad” por apoyos mantener al Gobierno, y habló de “goteras, instalaciones en mal estado y falta de accesibilidad en el propio centro”.

A su juicio, el de Pozoblanco debería ser uno de los cinco centros de excelencia estatales en atención a la discapacidad, y “está completamente abandonado”.

Bustinduy repuso que la ratio de trabajadoras por usuario duplica el mínimo exigido por ley y que ya se ha licitado un proyecto de obra por valor de 3,5 millones de euros para mejorar las instalaciones.

Con todo, subrayó su disposición a cooperar con la Junta de Andalucía en este ámbito, consciente de que la “actual estructura del Estado autonómico” casa mal con la atribución de la competencia de estos centros al Imserso.