En un artículo publicado en su blog personal, el diputado navarro tacha de "irritante" la sentencia del Constitucional sobre el "caso de los Albertos" porque "los magistrados han encontrado tiempo para entrar en el fondo de la cuestión y motivar -con mayor o menor acierto- si su recurso tenía o no contenido constitucional, mientras se condena al averno jurídico a miles y miles de humildes recurrentes -anónimos- que ni tienen poder ni dinero para contratar a los primeros espadas del foro".

Del Burgo insiste en que, con este fallo, el TC "ha asestado un golpe de imprevisibles consecuencias al principio de seguridad jurídica, pues el instituto de la prescripción está directamente relacionado con él. A partir de ahora, la dilación dolosa o perezosa de un juez puede enervar el ejercicio de las acciones penales. Y esto es una catástrofe para nuestro Estado de Derecho".

Ello demuestra que los ciudadanos que recurren, en su mayoría, "pierden lastimosamente el tiempo y su dinero", pero que "esta regla de indefensión absoluta no rige cuando el recurrente o el asunto de que se trate poseen alguna característica de especial relevancia, o están en juego poderosos intereses o los intereses de los poderosos", sentencia Del Burgo.

Además, en dicho artículo, el diputado destaca que es obligado pensar en "posibles reformas" o, incluso, en "una reflexión profunda sobre la conveniencia o no de mantener" el TC tras "algunas sentencias cuando menos sorprendentes cuajadas de votos particulares en asuntos de gran relevancia constitucional, la ferocidad de las luchas intestinas entre sus miembros, la extremada politización inherente al sistema de elección y la demora injustificada e indebida a la hora de resolver las grandes controversias constitucionales".

A su juicio, el TC "ha caído en la tentación de sustituir -sin legitimidad alguna- al poder constituyente cuando dicta sentencias -interpretativas- capaces de hacer decir a la Constitución lo que en absoluto dice. No es de recibo que el Tribunal, por salvaguardar posturas partidistas, se preste a la deconstrucción de nuestro Estado constitucional".

Por todo ello, señala que "sería mucho más razonable que los recursos de amparo fueran resueltos por una sala especial del Tribunal Supremo", porque así se "eliminaría, entre otras cosas, el pretexto alegado para justificar el retraso en la resolución de los recursos o cuestiones de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones generales, así como de las cuestiones de competencia".

Asimismo, sugiere que "habría que establecer un sistema que garantice que los magistrados del Tribunal (Constitucional) sean inmunes a cualquier tipo de presión política o económica. El más efectivo sería el que asegurase que los magistrados, una vez agotado su mandato -prolongado en el tiempo- no tengan necesidad de volver al mercado de trabajo. Algo habrá que hacer. Todo menos asistir impasibles al suicidio del Tribunal Constitucional".