Los empresarios guipuzcoanos afirmaron que el senador fue la persona que les concertó una entrevista con los cobradores del "impuesto revolucionario" en Oyarzun (Guipúzcoa) el 6 de julio de 1990, motivo por el que la fiscalía solicitó que se enjuicie al senador como presunto autor de un delito de colaboración con banda armada.

Según el escrito remitido por Bueren, uno de los empresarios aseguró al juez que Iruin les citó recientemente en su despacho de San Sebastián para pedirles queacudieran a la rueda de prensa que ofreció el pasado 7 de febrero, para que explicaran ante los informadores por qué acudieron a él para mediar en el pago del "impuesto revolucionario" que ETA les exigía.

Añadió que, la misma mañana del 7 de febrero, les volvió a llamar para que comparecieran en el encuentro con los periodistas, a lo que se negaron alegando que "lo que tenemos que decir ya lo hemos dicho ante el juez".

Un poco más tarde el senador telefoneó de nuevo para pedir que, al menos, enviran un escrito firmado por su puño y letra para explicar lo sucedido, a lo que respondieron otra vez que no, precisando que "en todo caso no tendríamos ningún reparo en entrevistarnos con él en la Audiencia Nacional si con ello se pudiera solucionar el tema por ambas partes".

Los empresarios confesaron al juez "que toda esta actitud nos produce una gran preocupación e inquietud, así como temor ante las dimensiones que está cogiendo el asunto".

Carlos Bueren solicita en su providencia que sume ests testimonios a la documentación ya aportada sobre el caso, por si se pudiera contemplar una nueva actuación delictiva "complementaria a las amenazas sufridas por el empresario" por parte de la banda terrorista.