Bruselas publicó la semana pasada sus proyecciones macroeconómicas de otoño y en ellas volvió a recelar de la senda de consolidación fiscal del Gobierno. El Gobierno está convencido de que el déficit cerrará en el 3,9% del PIB este año para reducirse en 2024 hasta el objetivo del 3%. La Comisión Europea, en cambio, avisa de que el déficit cerrará este año en el 4,1% y, sin un ajuste fiscal de unos 3.000 millones de euros en las nuevas cuentas públicas –equivalente al 0,2% del PIB–, bajará solo hasta el 3,2% del PIB en 2024, por encima del 3% que marcan las reglas fiscales.

El Ejecutivo comunitario volvió a subrayar esta divergencia en su informe de opinión del plan presupuestario, publicado este martes. No obstante, avaló el proyecto remitido por el Gobierno fundamentalmente porque está alineada con las recomendaciones específicas que Bruselas hizo a España en julio: no incrementar el gasto en más de un 2,6% del PIB –el plan habla de un 2,1%– y el fin de las medidas energéticas para hacer frente a la crisis de precios.

Sin embargo, desde la capital comunitaria instaron a España a presentar una actualización del plan presupuestario “tan pronto como un nuevo Gobierno asuma el poder y, por regla general, al menos un mes antes de que esté previsto que el parlamento nacional adopte el proyecto de ley presupuestaria”. Es decir, que Bruselas espera ya desde hoy, que ha tomado posesión el nuevo Ejecutivo, noticias de España sobre los Presupuestos de 2024.

El aval a la actualización dependerá de que el gasto público siga contenido y de que las medidas energéticas finalicen definitivamente o, al menos, se focalicen en los colectivos más vulnerables, como Bruselas viene exigiendo junto al Banco de España, la Airef, la OCDE o el FMI, entre otros organismos. Por el momento, el plan presupuestario del Gobierno recoge que las rebajas fiscales sobre los precios energéticos decaerán el 31 de diciembre, pero realmente se debe a que, al no haber un proyecto de Presupuestos aprobado, el borrador enviado se sustenta en un escenario inercial, es decir, sin medidas adicionales.

Por ahora, lo que ya se conoce es que el Gobierno prorrogará la rebaja fiscal sobre el IVA de los alimentos, que en el primer semestre de este año restó 626 millones de las arcas públicas; y la gratuidad del transporte público para jóvenes y desempleados, cuyo impacto presupuestario está todavía por calcular. Sobre estas medidas, Bruselas no se ha pronunciado. De hecho, ha limitado su opinión al paquete energético.

PLAN FISCAL A MEDIO PLAZO

Al margen del ámbito presupuestario, la Comisión volvió a recomendar que, para el período posterior a 2024, España aplique una estrategia de consolidación fiscal a medio plazo “gradual y sostenible”, y la combine con inversiones y reformas que conduzcan “a un mayor crecimiento sostenible” y una posición fiscal “prudente”.

Una de las vulnerabilidades de la economía española es su endeudamiento y Bruselas todavía no compra las previsiones del Gobierno. A corto plazo, la Comisión Europea admite que la deuda pública se reducirá con mayor fuerza de lo esperado –del 111,6% del PIB en 2022, hasta el 107,5% en 2023, frente al 108,1% previsto por el Ejecutivo español–.

A medio plazo, sin embargo, considera que se debe hacer un mayor esfuerzo fiscal para rebajar la deuda pública hasta los niveles que se propone el Gobierno. De hecho, ya en 2024, la Comisión Europea proyecta que la ratio de deuda sobre el PIB solo bajará hasta el 106,5% del PIB, frente al 103,3% del que habla el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Por ello, Bruselas vuelve a pedir un plan fiscal a medio plazo que garantice consolidación fiscal “gradual y sostenible” y que no dependa solo del crecimiento económico, que ha permitido que la deuda pública se reduzca con fuerza en los últimos años pese a seguir aumentando en volumen.